El Gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz declaró “persona non grata” a la embajadora de Colombia, Elizabeth García Carrillo, y solicitó el cese de sus funciones diplomáticas, en medio de una escalada de tensión bilateral provocada por declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro sobre la situación política y social en Bolivia.
La Cancillería boliviana justificó la decisión en la necesidad de preservar los principios de “soberanía, no injerencia en asuntos internos y respeto mutuo entre Estados”, aunque aclaró que la medida no implica la ruptura de relaciones diplomáticas con Colombia.
El conflicto se originó tras los dichos de Gustavo Petro, quien sostuvo que Bolivia atraviesa una “insurrección popular” y que existía disposición a una mediación para una salida pacífica a la crisis política. El mandatario colombiano también advirtió sobre la posibilidad de una escalada violenta si no se abre un proceso de diálogo.
En ese sentido, Petro afirmó que el país vive una situación en la que “hay un pueblo en las calles al que están matando y un Gobierno cuestionado por ese pueblo”, y advirtió que la falta de negociación podría derivar en una “masacre”, según sus palabras.
Tras la decisión de expulsión, el presidente colombiano volvió a cuestionar a La Paz y alertó que rechazar instancias de diálogo podría empujar al país hacia “extremismos que pueden llevar a una situación muy difícil para el pueblo boliviano”.
El Gobierno boliviano rechazó de plano esas declaraciones y sostuvo que resulta “improcedente” la injerencia en asuntos internos, en un contexto en el que enfrenta una fuerte crisis social con protestas, bloqueos y pedidos de renuncia al presidente Paz.
Bolivia atraviesa desde hace semanas una ola de movilizaciones protagonizadas por campesinos, mineros y obreros, que han generado desabastecimiento de alimentos, combustibles e insumos críticos, agravando la situación económica y política del país.
En paralelo, el Gobierno de Paz sostiene que existe un intento de “golpe de Estado” detrás de las protestas, mientras sectores oficiales apuntan al ex presidente Evo Morales como uno de los presuntos impulsores del conflicto.
La tensión diplomática también generó reacciones internacionales. Estados Unidos, a través del subsecretario de Estado Christopher Landau, expresó respaldo al gobierno boliviano y calificó la situación como un “golpe” impulsado por alianzas políticas y redes del crimen organizado.
Bolivia denunciará ante la OEA un plan desestabilizador vinculado a Evo Morales
