La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios emitió un documento donde alertó que el rumbo económico de la gestión nacional provocó el cierre de más de 26.000 empresas desde 2023. La entidad advirtió que la parálisis actual responde a un esquema financiero que beneficia exclusivamente a las grandes corporaciones extractivas. El diagnóstico se difundió en el marco de las actividades por el Día de las Pymes.
La conducción de la entidad empresaria describió al sector como una especie en extinción dentro de la actual estructura de mercado local. Los directivos contrastaron la realidad del país con las estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas, donde las pequeñas unidades productivas generan el 70% del empleo y el 50% del producto bruto interno global. El informe detalla que la dinámica de quiebras en el territorio nacional arroja un promedio de 30 cierres diarios de establecimientos comerciales e industriales.
La organización cuestionó la composición del frente externo y el origen de las divisas informadas por el Poder Ejecutivo. El documento firmado por el presidente de la institución, Julián Moreno, y el secretario, Juan José Sisca, postula que «el superávit comercial oficial es un espejismo» debido a los mecanismos de asignación de moneda extranjera. Los representantes de las pymes afirmaron que los dólares de la exportación primaria se drenan mediante la fuga de capitales y el pago de la deuda externa.
Cuestionamientos al Rigi y al desfinanciamiento técnico
La crítica fabril apuntó de manera directa contra las normativas de promoción fiscal aprobadas para los grandes inversores internacionales. La entidad empresaria señaló que el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (Rigi) y el Super Rigi diseñan un marco de privilegio que excluye a los proveedores nacionales. «Esta estrategia no genera valor ni empleo, sino que profundiza asimetrías sociales y regionales insostenibles para la mayoría de la población», manifestaron los directivos en el texto.
Los empresarios sostuvieron que el Estado desmanteló los soportes productivos mediante una estrategia de reducción presupuestaria directa en áreas de ciencia aplicada. El comunicado de prensa denunció la quita de partidas destinadas al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti) y al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta). Los industriales definieron a ambos organismos como pilares fundamentales de la transferencia tecnológica indispensable para competir en el mercado interno.
