El exconcejal y abogado Ricardo Moreno rompió el silencio tras su renuncia para defender la legalidad de la asistencia técnica brindada a Claudio Barrelier, imputado por el homicidio de la joven Agostina Vega. El letrado aseguró que el apartamiento de su cargo en el Concejo Deliberante busca preservar su honor frente a una campaña de desprestigio orientada a desgastar a la gestión provincial y municipal de cara a 2027. Las declaraciones exponen la tensión entre el ejercicio del derecho penal y el impacto político de un crimen que conmociona a la provincia.
El abogado penalista cordobés con cuatro décadas de trayectoria brindó una entrevista televisiva al periodista «Lagarto» Guizzardi donde desvinculó su labor profesional de la conducta criminal de su exdefendido. Durante el descargo, Moreno argumentó que la actividad de los clientes no debe confundirse con la función constitucional que ejercen los defensores técnicos.
«La actividad del cliente es una cosa y la actividad del abogado penalista es buscar defender de acuerdo a lo que la Constitución establece», afirmó el entrevistado. El exfuncionario detalló que su estudio representa a 14 gremios y cuatro terminales automotrices, y que el Colegio de Abogados respaldó públicamente la legitimidad de su actuación.
El proceso legal y la fianza
El letrado explicó que conoció al acusado hace cuatro años mediante un pedido de orientación laboral realizado por un secretario general de Buenos Aires. En ese momento, lo derivó al programa de servidores urbanos de la Municipalidad de Córdoba, tras verificar que el joven presentaba certificado de buena conducta.
El año pasado, la familia de Barrelier solicitó los servicios del bufete ante una detención previa, imputado por privación ilegítima de la libertad de una joven. La solicitud de libertad otorgada por el fiscal se fundamentó en la ausencia de peligrosidad procesal y la carencia de antecedentes penales del imputado hasta ese momento.
El acusado accedió a la libertad tras fijarse una fianza de 5 millones de pesos. El abogado aclaró que no se trató de dinero en efectivo, sino de una garantía respaldada mediante la firma profesional a través de las unidades de valor conocidas como JUS. El imputado cumplió mensualmente con pautas obligatorias, que incluyeron un tratamiento psicológico ambulatorio y la prohibición de acercarse a la víctima.
Denuncia de extorsión económica
El exconcejal vinculó el tratamiento del caso con una intencionalidad política destinada a dañar la imagen del Gobernador y del Intendente de Córdoba. En este marco, denunció haber sido víctima de una exigencia ilegal de dinero por parte de un comunicador local que lo relacionó con el narcotráfico.
«Ese mismo periodista es el que me mandó a pedir dinero la semana pasada, a cambio de no seguir hablando mal de mí», denunció el letrado, quien precisó que la suma solicitada ascendió a 10.000 dólares. Según el entrevistado, los organizadores de la campaña pública utilizaron el homicidio de la joven como un elemento de presión política.
El abogado ratificó además que su socio, el Dr. Sánchez Blanco, quien integra el directorio del Colegio de Abogados, renunció formalmente a la defensa de Barrelier. La decisión se tomó luego de detectar tres contradicciones en los dichos del imputado, lo que impidió continuar con una estrategia defensiva unificada.
Desmentidas sobre audios y boliches
El exedil negó de forma tajante poseer vinculaciones comerciales con el boliche Wachitas y rechazó las acusaciones que señalaban a su hija como empleada estatal sin prestación de servicios. Respecto a la situación de su familiar, precisó que recibió un subsidio municipal temporal durante la pandemia a cambio de actuaciones musicales en inauguraciones oficiales.
El entrevistado reconoció la veracidad de un audio difundido donde mencionaba que el caso le daría notoriedad a su estudio jurídico. No obstante, especificó que la grabación correspondió a una conversación privada obtenida de manera ilegal antes del hallazgo del cuerpo de la víctima.
Finalmente, el abogado defendió su trayectoria en la administración pública nacional dentro del Ministerio de Planificación, donde secundó el área de comunicaciones. El exconcejal remarcó que, a diferencia de otros exfuncionarios de esa repartición, nunca resultó imputado ni citado a declarar en causas judiciales.
