El Gobierno nacional envió este viernes a la Cámara de Diputados el proyecto de reforma de la ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa que busca ampliar la cantidad de contribuyentes que puedan acceder al Sistema Simplificado de Ganancias y promover la incorporación al sistema formal de dólares que permanecen fuera del circuito financiero.
El proyecto, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Capital Humano, Sandra Pettovello, será tratado durante la primera semana de agosto.
La intención del oficialismo es lograr la sanción antes de finalizar agosto. Para ello deberá avanzar en acuerdos con los bloques aliados, ya que La Libertad Avanza cuenta con 95 diputados y necesita reunir 129 votos para habilitar el tratamiento en el recinto.
En ese escenario, serán clave las negociaciones con el radicalismo, el PRO, Innovación Federal, Producción y Trabajo y Provincias Unidas, una vez que se retome la actividad parlamentaria.
Uno de los puntos que podría generar mayor discusión es la posibilidad de que funcionarios públicos puedan adherir al régimen. El tema ya abrió cuestionamientos entre sectores aliados, luego de que el exjefe de Gabinete Manuel Adorni se incorporara al esquema tras un incremento patrimonial.
Además de conseguir los votos para la aprobación, el oficialismo deberá obtener respaldo para avanzar con los dictámenes en las comisiones de Presupuesto y Legislación Penal, presididas por los libertarios Bertie Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado.
Cambios en Ganancias
La propuesta amplía el universo de contribuyentes que podrán adherir al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias. De aprobarse, todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país podrán optar por esta modalidad.
Actualmente, el acceso está limitado a quienes cuentan con ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio de hasta $10.000 millones. Desde el Gobierno señalaron en los fundamentos del proyecto que la reforma busca “democratizar el acceso a un sistema que facilite el cumplimiento de las obligaciones tributarias”.
Controles de ARCA
La iniciativa mantiene las facultades de fiscalización de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sobre los contribuyentes de mayor capacidad económica o relevancia recaudatoria.
Además, redefine el concepto de “discrepancia significativa”, un criterio que habilita al organismo a impugnar una declaración jurada simplificada y revisar las declaraciones del Impuesto a las Ganancias.
Según el proyecto, esa situación se configurará cuando una revisión genere un aumento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos igual o superior al 15% respecto de lo declarado por el contribuyente.
Operaciones financieras y lavado de activos
El proyecto establece que quienes adhieran al régimen simplificado deberán realizar sus operaciones mediante el sistema financiero formal, utilizando canales autorizados por el Banco Central (BCRA) o la Comisión Nacional de Valores (CNV).
El requisito se considerará cumplido cuando esos mecanismos sean utilizados tanto en el origen como en el destino de la operación. Además, los fondos canalizados bajo estas condiciones podrán acceder a los beneficios previstos por la Ley 27.799 hasta el 31 de diciembre de 2027 y tendrán un tratamiento específico en el Impuesto sobre los Bienes Personales.
Por otra parte, la iniciativa instruye a la Unidad de Información Financiera (UIF) a establecer normas para considerar la adhesión al régimen como un antecedente favorable dentro de los controles de prevención del lavado de dinero. No obstante, aclara que esa condición no exime a bancos, entidades financieras y demás sujetos obligados de cumplir con los procedimientos de identificación de clientes, controles de debida diligencia y reportes de operaciones sospechosas.
