La Fiscalía de Bolivia emitió una orden de aprehensión contra el ex presidente Evo Morales, acusado de terrorismo, alzamiento armado y otros delitos vinculados a los bloqueos masivos que paralizaron el país durante 53 días. La medida fue firmada por el fiscal anticorrupción Brayan Melgar, quien instruyó a la Policía detener al ex mandatario y trasladarlo a la Unidad Policial Especializada de Lucha Contra la Corrupción.
La orden responde a denuncias presentadas por el Comité Cívico Pro Santa Cruz y el Ministerio de Gobierno, que señalan a Morales como uno de los principales responsables de las protestas registradas entre mayo y junio.
La causa contra Morales y los delitos investigados
La investigación incluye seis cargos: alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.
Las acusaciones surgieron luego de la denuncia penal presentada el 1 de julio por el Comité Pro Santa Cruz, encabezado por Stello Cochamanidis Garcés, que responsabilizó al ex mandatario de impulsar las movilizaciones que bloquearon rutas estratégicas del país.
Morales rechazó las acusaciones y denunció una persecución política en su contra. «No nos van a intimidar. Seguiremos luchando junto al pueblo», afirmó el ex presidente en su cuenta de X, donde sostuvo que las movilizaciones respondieron a una crisis económica y social.
«Buscan responsabilizarnos de las movilizaciones sociales para ocultar el verdadero drama que vive Bolivia: una profunda crisis económica y social», sostuvo el ex mandatario.
El ex presidente también cuestionó la investigación y aseguró que el Gobierno intenta desviar la atención de los problemas del país mediante acusaciones judiciales.
Bloqueos, desabastecimiento y pérdidas millonarias
Durante 53 días de protestas, sectores campesinos, integrantes de la Central Obrera Boliviana (COB) y organizaciones afines a Morales instalaron más de 100 puntos de bloqueo en distintas regiones, principalmente en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.
Los manifestantes exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz, una demanda que consideraban como la única salida frente al conflicto político y económico.
El bloqueo de carreteras provocó una grave crisis de abastecimiento, con escasez de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en varias ciudades.
Según datos de la Defensoría del Pueblo y organizaciones sociales y cívicas, los enfrentamientos dejaron al menos 22 muertos y 88 heridos.
Además, las pérdidas económicas superaron los US$3.000 millones, afectando especialmente al sector productivo de Santa Cruz, donde miles de toneladas de mercancías quedaron retenidas sin poder ser trasladadas.
Morales permanece en el Trópico de Cochabamba
Junto con Evo Morales, la orden de aprehensión también alcanzó a Mario Argollo, dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), y a Vicente Salazar, líder de la Federación de Campesinos Túpac Katari.
Salazar permanece detenido preventivamente en el penal de Chonchocoro desde el 6 de julio, acusado de participar en la organización de los bloqueos en el occidente del país.
Mientras avanza la investigación, Morales permanece en el Trópico de Cochabamba, su principal bastión político, donde cuenta con el respaldo de seguidores que lo custodian desde octubre de 2024.
Otra causa abierta contra Morales
Además de la investigación por los bloqueos, Morales enfrenta otra causa por trata agravada de personas relacionada con una presunta relación con una menor de edad durante su mandato presidencial.
En mayo, un tribunal de Tarija lo declaró en rebeldía y ordenó su captura luego de que no asistiera al inicio del juicio. La Policía boliviana indicó que evalúa el momento adecuado para ejecutar esa orden pendiente.
