El Gobierno nacional alcanzó un acuerdo con los representantes del sector de practicaje y logró poner fin al paro que mantenía afectada la navegación en los principales puertos del país. El entendimiento contempla una reducción del 20% en las tarifas del servicio, la suspensión temporal del Decreto 690/2026 y la conformación de una mesa de trabajo para revisar la normativa que había desatado el conflicto.
Con la firma del acta, los prácticos retomaron de inmediato las tareas de asistencia a la navegación, lo que permitió normalizar la operatoria portuaria luego de varios días de interrupciones que impactaron sobre las exportaciones y la logística.
Qué establece el acuerdo
Además de suspender provisoriamente la aplicación del decreto, el Ejecutivo dispuso la creación de una mesa de trabajo integrada por representantes de los ministerios de Seguridad y Defensa, junto con otros organismos competentes, para debatir los aspectos normativos y operativos de la actividad.
La convocatoria a esa instancia de diálogo era uno de los principales reclamos del sector y también había sido impulsada por la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC) para evitar que el conflicto siguiera afectando la actividad exportadora.
El objetivo será revisar los puntos de la desregulación y alcanzar un consenso definitivo mientras el servicio continúa prestándose con normalidad.
Desde el sector calificaron el acuerdo como un «alivio», ya que el paro representaba pérdidas superiores a US$ 4,5 millones diarios para la cadena agroexportadora.
El origen del conflicto
La disputa comenzó tras la publicación del Decreto 690/2026, impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que modificó el régimen vigente desde 1991 para el servicio de practicaje.
La norma eliminaba el límite de cupos para nuevos prácticos, flexibilizaba los requisitos para ejercer la actividad, ampliaba las exenciones para determinados buques, habilitaba a la Prefectura Naval Argentina a prestar el servicio y eliminaba la segmentación obligatoria por tramos geográficos, entre otros cambios destinados a promover una mayor competencia.
Al presentar la reforma, Sturzenegger sostuvo que «la Argentina necesita que sus ríos sean una autopista para el desarrollo, no un kiosco regulatorio», en defensa de la desregulación del sector.
El impacto sobre las exportaciones
El conflicto llegó a dejar más de 185 buques a la espera del servicio de practicaje y afectó la operatoria en el polo agroexportador del Gran Rosario y en distintos puertos del país.
Además del comercio de granos, también se vieron comprometidas operaciones vinculadas al abastecimiento de combustibles y al transporte de petróleo, lo que generó preocupación tanto en el sector energético como entre los exportadores por el riesgo de mayores costos y demoras en el cumplimiento de contratos internacionales.
Con el acuerdo alcanzado, el Gobierno busca normalizar plenamente la actividad mientras continúa la negociación sobre el futuro marco regulatorio del servicio de practicaje.
