La Libertad Avanza busca sesionar este jueves en el Senado para aprobar unos 70 pliegos, pero el oficialismo enfrenta un problema con sus aliados, quienes ya no están dispuestos a acompañar de manera automática la agenda diseñada por el Gobierno y piden la incorporación de proyectos propios.
La presidenta del bloque de LLA, Patricia Bullrich, pretende abrir el recinto para exhibir capacidad de iniciativa y mostrar que el Senado mantiene una dinámica legislativa activa.
Sin embargo, la convocatoria quedó atada a una negociación política con los bloques dialoguistas, que reclaman un temario más amplio.
El escenario representa una señal de alerta para el oficialismo debido a que la relación con sus aliados que pasó a convertirse en una negociación permanente, en la que cada proyecto requiere construir mayorías específicas y atender demandas de los distintos sectores que resultan indispensables para alcanzar los votos.
La definición se producirá en la reunión de Labor Parlamentaria convocada para el miércoles 26 a las 14, donde Bullrich intentará convencer a los distintos bloques de avanzar con la sesión del jueves.
Los pliegos judiciales
Para el Gobierno, uno de los puntos centrales del temario son los pliegos judiciales, entre ellos los correspondientes a los integrantes de la Sala I de la Cámara Federal porteña, Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola.
La importancia política de esas designaciones está vinculada con el peso que tendrá esa Cámara en la revisión de causas de alto impacto político, entre ellas la investigación por la denominada megaestafa Libra, en la que están involucrados el presidente Javier Milei y su hermana, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.
Por eso, para el oficialismo la aprobación de los pliegos no representa solamente una cuestión institucional. También se trata de una definición de fuerte impacto político en un Poder Judicial que tendrá bajo su órbita expedientes que pueden mantener bajo presión a la administración Milei.
Los aliados peronistas
El otro dato que empieza a modificar el tablero del Senado es el comportamiento de los bloques provinciales de origen peronista que durante buena parte de la gestión de Milei funcionaron como aliados parlamentarios del Gobierno.
En el oficialismo reconocen que, después del conflicto generado alrededor de la ley de extranjerización de tierras, comenzó a consolidarse un escenario diferente, con senadores que hasta ahora acompañaban iniciativas de LLA tomando distancia y retomando contactos políticos con sectores del peronismo que habían quedado desplazados.
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La advertencia para el Gobierno es concreta: si esos bloques dejan de funcionar como aliados circunstanciales, LLA pierde una parte importante de la arquitectura parlamentaria que le permitió avanzar durante el último período legislativo.
En ese escenario, los votos de la UCR y del PRO adquieren todavía mayor importancia, pero tampoco resultan suficientes para garantizar por sí solos una mayoría estable.
Por eso Bullrich busca evitar nuevos enfrentamientos con los radicales mendocinos Rodolfo Suárez y Mariana Juri, y con el senador marplatense Maximiliano Abad. El oficialismo necesitará de esos votos para iniciativas estratégicas, entre ellas el Presupuesto y la reforma electoral.
El último trimestre del año aparece así como una prueba política para la capacidad de negociación del Gobierno. Presupuesto y reforma electoral serán dos de los principales desafíos y, según reconocen en el oficialismo, las negociaciones serán “arduas y complejas”.
Una agenda ampliada
La estrategia de LLA comenzó a mostrar una modificación: para sostener sus mayorías, el Gobierno necesita conceder agenda a los sectores que hasta ahora acompañaron sus proyectos.
Por eso el oficialismo habilitó el tratamiento de iniciativas promovidas por bloques provinciales y dialoguistas, entre ellas el debate sobre los llamados “bonos verdes”, vinculados al mercado voluntario de carbono, y los proyectos relacionados con la designación de cónsules honorarios reclamados por la UCR. El mensaje de los aliados es cada vez más claro: acompañar al Gobierno tendrá un costo político y legislativo.
Los bloques dialoguistas quieren introducir modificaciones en los proyectos oficiales, especialmente cuando consideran que las iniciativas afectan intereses provinciales o sectores productivos.
Ese mecanismo quedó expuesto también en la discusión del denominado Super RIGI, aprobado por Diputados, que volverá a ser tratado este miércoles en el plenario de las comisiones de Economía e Inversiones, Presupuesto y Legislación General del Senado.
El objetivo del oficialismo es conseguir dictamen, pero los aliados quieren introducir modificaciones.
Si esos cambios prosperan, el proyecto deberá regresar a Diputados, complicando los tiempos legislativos que pretende manejar LLA.
Entre las modificaciones reclamadas figura la posibilidad de incorporar industrias ya existentes, actualmente excluidas del régimen por estar limitado originalmente a nuevas actividades, y reclaman que esos inversores realicen obras públicas en rutas nacionales.
También existen pedidos para ampliar la participación de las provincias en los estudios previos de los proyectos.
Un nuevo equilibrio de poder
El problema de fondo para el Gobierno no es únicamente la posibilidad de conseguir quórum el jueves, sino que el Senado comienza a funcionar con una lógica política diferente a la de los primeros meses de la gestión Milei.
Para LLA, el desafío será administrar esa tensión sin romper los acuerdos que necesita para aprobar sus principales proyectos.
La ecuación es particularmente delicada porque el oficialismo debe negociar simultáneamente con radicales, macristas, bloques provinciales y sectores peronistas que conservan autonomía. Y esa negociación, a medida que se acerquen el Presupuesto y la reforma electoral, será complicada para el Gobierno.
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