El Gobierno nacional formalizó este lunes la adjudicación de ocho tramos de rutas nacionales bajo el régimen de concesión por peaje por un plazo de 20 años. La medida fue oficializada a través de la Resolución 1379/2026 del Boletín Oficial en el marco del proceso de privatización de la empresa estatal Corredores Viales. La decisión busca transferir la administración y el mantenimiento de más de 3.900 kilómetros de calzada al sector privado en medio de crecientes reclamos por el mal estado de la infraestructura vial.
La normativa, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, aprobó lo actuado en la segunda etapa de la licitación pública de la denominada “Red Federal de Concesiones – Etapa III”. Las empresas adjudicatarias asumirán los trabajos de construcción, explotación, administración y mantenimiento en rutas que atraviesan 11 provincias, entre ellas Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza y Tucumán.
Entre las ofertas aprobadas para la zona de influencia local sobresale el Tramo Centro, otorgado al consorcio integrado por Afema S.A., Pablo Federico e Hijos S.A. y Guido Mogetta S.A., con una tarifa fijada en $1.399. En tanto, el Tramo Centro Norte quedó en manos de José Cartellone Construcciones Civiles S.A. por un valor de $2.175.
Asimismo, el cuadro tarifario adjudicado para los demás sectores comprende al Tramo Mesopotámico ($3.564,99), Tramo Noroeste ($2.285), Tramo Litoral ($2.876,04), Tramo Noreste ($2.950), Tramo Chaco-Santa Fe ($3.520) y Tramo Cuyo ($3.090,24). Con esta entrega, el Ejecutivo nacional completa más de 9.000 kilómetros adjudicados entre las distintas fases del programa.
Ofertas rechazadas y marco legal de la privatización
Por otro lado, las autoridades explicaron en el texto oficial que la Comisión Evaluadora declaró inadmisible la propuesta del grupo Lemiro Pablo Pietroboni S.A. – Merco Vial S.A. – Frontera S.A. para los tramos Centro Norte y Noroeste. A su vez, el proceso desestimó la postulación de la firma CPC S.A., la cual había presentado ofertas para la totalidad de los corredores licitados.
Del mismo modo, la resolución aplicó el régimen de incompatibilidades establecido en los pliegos para limitar la cantidad de tramos otorgados a un mismo operador. La medida jurídica busca promover la competencia entre las diferentes firmas constructoras y de servicios.
Esta reestructuración vial se ampara en la Ley Bases, normativa que declaró a la firma estatal Corredores Viales como sujeta a privatización. Posteriormente, la instrumentación mediante el Decreto 97/2025 habilitó la entrega total de la red a la gestión privada bajo el modelo de obra pública con cobro de tarifa.
