La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el oficialismo, aprobó en primera votación una reforma constitucional que prohíbe a los partidos de oposición participar en las elecciones y extiende de seis a siete años el mandato presidencial. La iniciativa, impulsada por los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, deberá ser ratificada en una segunda votación para entrar en vigencia.
La reforma también amplía de seis a siete años los mandatos de otros funcionarios electos y de los jefes del Ejército y la Policía. Según anunció Murillo, la segunda votación se realizará a partir del 18 de enero de 2027, debido a que la legislación nicaragüense exige que las modificaciones constitucionales sean aprobadas en dos sesiones legislativas diferentes.
La primera votación se realizó el martes durante una sesión especial frente a la catedral de León, unos 90 kilómetros al noroeste de Managua. El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, anunció que el proyecto había sido aprobado por unanimidad.
La iniciativa generó críticas dentro y fuera del país. Estados Unidos exhortó este miércoles a sus aliados a cortar sus vínculos con el gobierno nicaragüense. El secretario de Estado, Marco Rubio, pidió “poner fin de inmediato a las operaciones habituales con esta brutal dictadura” y sostuvo que los gobiernos que niegan los derechos de sus ciudadanos no deberían recibir los mismos beneficios económicos y políticos que las democracias.
Ortega, de 80 años, y Murillo, de 75, gobiernan Nicaragua con un fuerte control sobre las instituciones y la sociedad, especialmente desde las protestas de 2018, cuya represión dejó más de 300 muertos, según la ONU. Tras aquellas movilizaciones, miles de nicaragüenses se exiliaron y dirigentes opositores, intelectuales y religiosos fueron despojados de su nacionalidad.
En ese contexto, la oposición quedó prácticamente marginada de la vida política del país. Varias naciones de la región cuestionaron la reforma y la calificaron de antidemocrática, mientras Washington aumentó en los últimos meses la presión económica y diplomática sobre Managua mediante sanciones y medidas destinadas a aislar al gobierno.
La nueva reforma se suma a los cambios constitucionales aprobados hace dos años, cuando el oficialismo extendió el mandato presidencial de cinco a seis años y convirtió a Murillo, entonces vicepresidenta, en copresidenta. También se postergaron las elecciones presidenciales, originalmente previstas para finales de 2026, hasta finales de 2027.
