La Justicia de la provincia de Buenos Aires ordenó este lunes suspender preventivamente durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a los 14 años, apenas a unas horas de que hubiera entrado en vigencia.
La resolución fue dictada por la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, a partir de un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en representación de adolescentes privados de su libertad.
Los detalles del fallo
El fallo se conoció apenas dos días después de la entrada en vigencia de la Ley 27.801, que incorpora al sistema penal a los adolescentes de 14 y 15 años, y modifica las condiciones para la aplicación de las penas al bajar la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años.
La jueza puso el foco en su fallo en un tema sensible, vinculado a la capacidad e infraestructura de la provincia de Buenos Aires para afrontar el cambio en la ley, ante la certidumbre de que aumente la cantidad de jóvenes detenidos con el nuevo marco legal.
«Se debe resolver si el Estado puede ampliar el universo de personas adolescentes sometidas al sistema de responsabilidad penal sin crear las condiciones materiales, institucionales y profesionales indispensables para cumplir los estándares constitucionales y convencionales que rigen toda privación de la libertad durante la adolescencia», sostuvo la jueza Pascual en su decisión.
Para justificar la medida, tomó como referencia inspecciones realizadas en el Centro Socioeducativo para la Privación de la Libertad Ambulatoria de Lomas de Zamora, donde previamente había establecido un límite máximo de 60 adolescentes alojados por no cumplirse los estándares mínimos.
«El Poder Judicial no puede esperar a que la violación de derechos se produzca para intervenir, cuando cuenta con elementos de juicio que hacen presumir razonablemente que ello sucederá», remarcó el fallo, que consideró que «no respetar las condiciones mínimas de los derechos de los adolescentes detenidos tiene consecuencias no deseadas para la propia sociedad. Hacinar menores, tarde o temprano incrementa los niveles de inseguridad y violencia«.
El reclamo de remodelaciones
En su fallo, la jueza Pascual hizo hincapié en las remodelaciones edilicias que deben hacerse para recibir a los menores, ya que «el aumento en la cantidad de personas detenidas también puede llegar a tener impacto inmediato en razón de los cambios de parámetros para las detenciones y prisiones preventivas».
Por ello, la jueza resolvió «suspender preventivamente la aplicación de la ley 27.801 en la provincia de Buenos Aires por sesenta días» y fijar una audiencia multipropósito para el 16 de septiembre para que los responsables del Ejecutivo provincial con injerencia en el tema informen sobre las medidas que se tomaron para la implementación de la ley.
La palabra de la jueza
Al ser consultada por la prensa luego de que trascendiera el fallo, la jueza Pascual aseguró que «yo no estoy en desacuerdo con bajar la edad de imputabilidad», pero consideró que «hay que tratar de devolverle a la sociedad un chico que esté en condiciones de poder circular psíquicamente«.
La magistrada advirtió que en sus fallos aplica la «justicia restaurativa» que apunta a «restaurar los vínculos y a que los jóvenes se responsabilicen por sus actos«. En esa línea, reclamó mecanismos relacionados «con oficios, actividades adentro, terapia» y consideró que «si no están los mecanismos para que se puedan dar estas medidas, esta ley no es beneficiosa para la sociedad ni para los jóvenes«.
“Yo no romantizo a los chicos que salen con un arma, pero hay una sensación como de que con esta ley le vamos a dar seguridad a la gente. Yo soy de la provincia de Buenos Aires y con esta ley no les vamos a dar seguridad», advirtió la magistrada, que consideró que «no pasa por encerrarlos por el encierro mismo, sino por darles los mecanismos para cuando salgan».
Las críticas del oficialismo
La decisión de la jueza llega luego de que este mismo lunes fuera oficializada la ley mediante el Decreto 875/2026, publicado en el Boletín Oficial, que establece cómo se aplicará en la práctica el nuevo sistema en el ámbito de la justicia nacional y federal.
La ley fue sancionada en febrero de este año por el Senado, que dispuso su entrada en vigencia 180 días después de su promulgación, registrada el 9 de marzo. Esta puesta en marcha trajo varios cuestionamientos dentro de la Justicia, principalmente desde fiscalías y juzgados que atienden causas de menores, tanto a nivel nacional como provinciales.
Sin embargo, la senadora y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, principal impulsora de la norma, salió a cuestionar a la jueza Pascual por el fallo y al gobernador Axel Kicillof, al advertir que “se pone del lado de los delincuentes».
«También tienen una Justicia provincial garantista que los deja libres para que sigan robando, asesinando y destruyendo familias», indicó Bullrich desde su cuenta de X, donde sentenció: «Qué terror vivir en una provincia que ignora a los argentinos de bien, donde el delincuente tiene vía libre y, si las hace, no las paga».
El diputado nacional Luis Petri fue más directo en sus críticas: “El nuevo Régimen Penal Juvenil duró dos días en la Provincia de Buenos Aires porque una jueza kirchnerista hoy ya decidió suspenderlo”, escribió en sus redes.
“Aprobamos esta ley para terminar con la impunidad de quienes delinquen siendo menores, no hay excusa para no aplicarla. Las víctimas no pueden seguir pagando la improvisación y el abandono de Kicillof y la Justicia provincial”, sostuvo Petri.
Celebración de la Federación Familia Grande
La Federación Familia Grande Hogar de Cristo, que encabeza el sacerdote José María Di Paola -conocido como el “padre Pepe”- y presentó el habeas corpus que aprobó la jueza
Pascual, emitió un comunicado en el que celebró el fallo.
La asociación explicó que el principal argumento de su solicitud fue que el aumento de la cantidad de adolescentes detenidos “se daría en dispositivos que, en su estado actual, no cuentan con la infraestructura edilicia, educativa y profesional necesaria para sostener los estándares mínimos que exige la normativa vigente”.
“Esa es, precisamente, la cuestión que la Justicia tomó como eje de su resolución: no se trata de discutir la ley en abstracto, sino de constatar que su aplicación inmediata, en el contexto real de los centros de la provincia, puede derivar en una afectación de derechos básicos de los adolescentes alojados allí”, advirtió la fundación, que agregó que “desde la Federación Familia Grande Hogar de Cristo acompañamos este proceso judicial desde nuestra experiencia territorial, y quedamos a disposición para aportar información y trabajo conjunto en la construcción de condiciones dignas para los adolescentes que atraviesan el sistema penal juvenil”.
El comunicado de la Pastoral Judicial
El viernes pasado, a horas de que se pusiera en marcha el nuevo régimen, la Pastoral Judicial dio a conocer un comunicado en el que manifestó: “A escasas horas de la entrada en vigencia de la ley n° 27.801, que amplía la responsabilidad penal de niños, niñas y adolescentes hasta los 14 años, se impone exhortar a las autoridades a adoptar todas aquellas medidas necesarias para que el nuevo régimen penal juvenil, en donde la privación de la libertad debe ser una medida excepcional de última instancia, no agrave las condiciones de vulnerabilidad ya existentes que atraviesan las infancias en nuestro país”.
