Las pequeñas y medianas industrias advirtieron por el impacto del nuevo esquema de contratación de energía eléctrica y denunciaron fuertes diferencias entre los valores previstos y los que finalmente aparecen en las facturas. Según Industriales Pymes Argentinos (IPA), en algunos casos las boletas llegaron a multiplicarse por cuatro, mientras que empresas que habían firmado contratos de abastecimiento afrontan costos cercanos al doble de lo acordado.
El reclamo se vincula con la Resolución 400/2025 de la Secretaría de Energía, que comenzó a regir el 1° de noviembre del año pasado y modificó las reglas del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). El nuevo esquema avanzó hacia una mayor contratación directa de energía y potencia entre grandes usuarios y generadoras.
Un cambio que alcanzó a unas 6.000 empresas
De acuerdo con el relevamiento de IPA, unas 6.000 empresas quedaron alcanzadas por el nuevo régimen, pero apenas 800 concretaron contratos de abastecimiento. La entidad cuestionó que la transición no haya resultado suficientemente gradual y señaló que muchas firmas debieron adaptarse a nuevas condiciones de contratación sin información y acompañamiento suficientes.
El impacto, según la organización, alcanzó tanto a las empresas que no lograron contratar directamente como a las que sí lo hicieron. Entre estas últimas, IPA detectó casos en los que cargos adicionales elevaron el costo final de la energía hasta valores cercanos al doble de lo pactado originalmente, lo que generó controversias con los proveedores.
Reclamo por los sobrecostos
Desde IPA sostuvieron que el incremento de los costos energéticos está generando mayor endeudamiento y quebrantos en un contexto de caída del consumo y de la actividad industrial.
“Hacemos contratos y terminamos pagando la energía hasta el doble de lo que pactamos”, cuestionaron desde la entidad, que reclamó la intervención de las autoridades y la convocatoria a una mesa de diálogo para revisar las diferencias entre los valores contratados y los finalmente facturados.
La organización también señaló que la normativa establecía una transición “gradual, ordenada y previsible” y sostuvo que esas condiciones no se cumplieron. El planteo apunta así no solo al nivel de los costos, sino también a la implementación del nuevo esquema y a la previsibilidad que las empresas necesitan para planificar sus gastos de producción.
Para las PyMEs industriales, el aumento de la factura eléctrica suma presión sobre una estructura de costos ya condicionada por la menor actividad. IPA pidió revisar el funcionamiento del régimen para evitar que las diferencias entre contratos y facturas terminen trasladándose al financiamiento de las empresas.
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