El gobernador Martín Llaryora atraviesa un momento de satisfacción política tras el avance del convenio entre la Municipalidad de Córdoba y el Ministerio de Seguridad provincial, que permitirá a la Policía intervenir en el ordenamiento del tránsito en determinadas circunstancias.
Sin embargo, detrás de esa victoria, el oficialismo mantiene una preocupación central. Las encuestas todavía no despejan las dudas sobre sus posibilidades de retener la gobernación en las próximas elecciones.
La disputa con el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoem) se convirtió en un nuevo capítulo de la tensión entre el Gobierno provincial y el gremio, que cuestiona el acuerdo por sus implicancias sobre las funciones de los trabajadores municipales.
En el Centro Cívico interpretan el avance de la iniciativa como un triunfo político, no solo frente al sindicato, sino también frente al Frente Cívico de Luis Juez, uno de los espacios que salió a cuestionar el convenio.
A esa lectura se suma la expectativa de que el radicalismo acompañe el proyecto en el Concejo Deliberante. Para el llaryorismo, las diferencias entre Juez y el radical Rodrigo de Loredo podrían profundizarse durante el debate y dificultar la construcción de un frente opositor unificado. No obstante, esa posibilidad todavía forma parte de las expectativas electorales del oficialismo y no constituye una certeza.
El conflicto por el tránsito y el papel de Passerini
La controversia también dejó expuesta la posición secundaria que, al menos por el momento, ocupa el intendente Daniel Passerini en una iniciativa que involucra directamente a la administración municipal. Aunque el convenio se firmó entre el municipio y la Provincia, el impulso político del proyecto se concentró en el Centro Cívico, con un papel destacado del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros.
El acuerdo contempla la intervención de la Policía provincial para ordenar el tránsito durante eventos masivos o cuando los inspectores municipales no cumplan sus tareas. La medida se suma a otras acciones impulsadas desde el Ministerio de Seguridad, como los operativos vinculados con los llamados naranjitas y cuidacoches.
Desde el Suoem, su secretario general, Rubén Daniele, habría transmitido a delegados sindicales que la derrota en esta disputa no implica abandonar la defensa de los derechos del sector. Mientras el dirigente mantiene un perfil público reservado, el conflicto también refleja la tensión por las condiciones laborales y los ingresos de los empleados municipales.
Daniele sostiene, en el ámbito privado, que el principal perjudicado políticamente podría ser Passerini, al considerar que la intervención provincial vuelve a restarle protagonismo al intendente. En cambio, en el entorno de Llaryora no ven esa situación como un problema: entienden que los vecinos de la Capital vinculan al gobernador con la gestión municipal, debido a su papel en la candidatura de Passerini y a su presencia frecuente en los barrios.
Por ahora, el gobernador continúa ocupando el centro de la escena y busca capitalizar el conflicto como una demostración de capacidad de decisión. Passerini, en tanto, tendrá la posibilidad de recuperar protagonismo cuando el Concejo Deliberante trate y eventualmente convierta el acuerdo en ordenanza.
Las encuestas, la principal preocupación del oficialismo
Más allá de las disputas políticas recientes, la mayor inquietud del Gobierno provincial pasa por el escenario electoral. Llaryora intensificó sus recorridas por Córdoba capital y el interior, con el objetivo declarado de visitar los 426 municipios y comunas antes de fin de año. La frecuencia de sus actividades, sin embargo, también alimenta la percepción de que el oficialismo ya trabaja con una lógica de campaña.
Córdoba capital ocupa un lugar estratégico en ese esquema. Fue un distrito determinante para la llegada de Llaryora a la gobernación en 2023 y continúa siendo clave para sus aspiraciones de reelección. En el oficialismo consideran que la evaluación de los vecinos sobre la gestión municipal también repercute en la imagen del mandatario provincial.
Los sondeos de opinión ofrecen señales diversas. Algunos resultados alientan las expectativas del peronismo cordobés, pero, según el análisis publicado por La Voz, ninguno termina de disipar las dudas sobre la posibilidad de un nuevo triunfo. La incertidumbre obliga al gobernador a sostener una agenda territorial intensa y a prestar especial atención a los movimientos de sus adversarios.
Una posible alianza opositora que inquieta al peronismo
El otro factor que condiciona los cálculos electorales es la posibilidad de que los principales espacios opositores logren coordinarse. Según el escenario descripto, existe un entendimiento entre los libertarios y el juecismo, mientras que De Loredo manifestó su intención de sumarse a una eventual alianza.
Una confluencia entre esos sectores podría convertirse en un desafío relevante para el oficialismo. Incluso dentro del peronismo reconocen que un acuerdo entre La Libertad Avanza, Juez y De Loredo tendría capacidad para competir por la gobernación.
De todos modos, la construcción de una coalición no garantiza que los votos de cada espacio se trasladen automáticamente al conjunto. Las diferencias entre dirigentes, las identidades partidarias y las negociaciones pendientes pueden dificultar un entendimiento definitivo.
Por esa razón, Llaryora sigue con atención tanto las tensiones entre sus adversarios como los intentos de acercamiento. Aunque el gobernador procura acumular triunfos políticos y reforzar su presencia territorial, el panorama electoral continúa abierto.
Así, el oficialismo combina la satisfacción por los avances en conflictos puntuales con una preocupación que todavía no logra resolver: si la gestión provincial y la estrategia política serán suficientes para sostener el poder frente a una oposición que busca reorganizarse y a unas encuestas que no ofrecen garantías.
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