La Fiscalía de Instrucción del Segundo Turno de Villa María, a cargo de Juliana Companys, volvió a elevar a juicio la causa contra el ex intendente Martín Gill, acusado de lesiones leves calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género. La información fue dada a conocer por el Ministerio Público Fiscal y corresponde a una investigación iniciada a partir de la denuncia de su expareja, María Rosa de Lourdes Astudillo.
La denuncia fue presentada el 19 de marzo de 2023 ante la Unidad Judicial de Villa María. Según la acusación, los hechos investigados corresponden a dos presuntos episodios de violencia física ocurridos en diciembre de 2022 y enero de 2023, cuando Gill todavía se desempeñaba como intendente de esa ciudad. Además, la denunciante relató ante la Justicia un contexto de violencia psicológica, control y episodios previos durante la relación, que habría comenzado en febrero de 2022.
Gill, cuyo nombre completo es Martín Rodrigo Gill, fue intendente de Villa María, ministro provincial de Cooperativas y Mutuales, funcionario nacional y rector de la Universidad Nacional de Villa María. El exfuncionario sostuvo su inocencia y negó que los hechos denunciados hayan ocurrido, al tiempo que cuestionó los fundamentos de la acusación.
Los antecedentes de la causa
La fiscal Companys ya había solicitado la elevación a juicio en marzo de 2024. En noviembre de ese año, la jueza de Control de Villa María, María Soledad Dottori, confirmó la decisión y rechazó planteos de nulidad presentados por la defensa, encabezada por el abogado Eduardo “Tati” Rodríguez.
Sin embargo, el 28 de mayo de 2025, la Cámara de Apelaciones de los tribunales de Río Tercero anuló la elevación a juicio e hizo lugar a un recurso presentado por la defensa. Entre las decisiones alcanzadas por la resolución figuraron el testimonio de una testigo, el rechazo de una prueba ofrecida por los abogados de Gill y el auto que había dispuesto que el expediente avanzara hacia el juicio.
A partir de esa resolución, la causa regresó a la Fiscalía de Instrucción de Villa María para que continuara la investigación y reevaluara las actuaciones. En ese marco, la fiscalía volvió a disponer la elevación a juicio en octubre, por lo que el proceso deberá avanzar nuevamente en la instancia correspondiente.
En paralelo, Gill había solicitado una licencia sin goce de sueldo como ministro provincial en septiembre de 2024 y presentó su renuncia definitiva al cargo en noviembre de ese año. Según había explicado entonces, la decisión buscaba afrontar el proceso judicial sin fueros ni privilegios.
La causa deberá determinar la responsabilidad penal del ex intendente por los hechos que se le atribuyen. La elevación a juicio no implica una condena, sino que habilita el avance del expediente hacia una instancia en la que se analizarán las pruebas y se resolverá sobre la acusación.
