El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Omar Bula Escobar, y su homólogo israelí, Gideon Saar, inauguraron oficialmente este miércoles la nueva embajada colombiana en Jerusalén. La ceremonia se realizó en la sede ubicada en la calle Rabi Akiva, en el sector occidental de la ciudad, y representó un nuevo paso en el acercamiento diplomático entre ambos países.
“Hoy, con la apertura de nuestra embajada en Jerusalén, damos un paso decisivo para estrechar la hermandad y los vínculos entre nuestros pueblos”, afirmó Bula durante el acto. El canciller destacó que ambas naciones comparten intereses en materia de seguridad, economía, cultura y tecnología, y consideró que la presencia diplomática permitirá profundizar la cooperación bilateral.
Por su parte, Saar agradeció al Gobierno colombiano por concretar el traslado de la misión y calificó la jornada como “un día de fiesta”. “Es una victoria de la lucha diplomática por nuestra historia”, sostuvo el funcionario israelí.
Durante su intervención, el canciller israelí remarcó que Colombia se convirtió en el décimo país en abrir una embajada en Jerusalén. Además, anticipó que la República Democrática del Congo podría convertirse en el undécimo Estado en instalar allí su representación, aunque evitó revelar cuál sería el siguiente país en hacerlo.
“¡Viva Israel y viva Colombia!”, concluyó Saar en español.
En tanto, la embajadora colombiana en Israel, Tania Gilinski, celebró el traslado de la misión diplomática, al que calificó de “histórico”, e invitó a los representantes israelíes presentes a festejar la apertura tomando “un cafecito, el mejor del mundo”.
Un giro en la política exterior colombiana
La inauguración de la embajada representa un cambio significativo respecto de la política exterior del ex presidente Gustavo Petro, quien rompió las relaciones diplomáticas con Israel en 2024 en rechazo a la ofensiva militar en la Franja de Gaza.
El nuevo Gobierno, encabezado por Abelardo de la Espriella desde agosto de 2026, impulsó el restablecimiento de los vínculos bilaterales y avanzó en una nueva etapa de cooperación con Israel. Entre las medidas anunciadas también figura la reactivación del acuerdo de libre comercio entre ambos países.
La decisión de trasladar la embajada a Jerusalén tiene una dimensión diplomática y política, ya que la ciudad es objeto de una disputa sobre su estatus y soberanía. Mientras Israel la considera su capital, la mayoría de los países mantiene sus representaciones diplomáticas en Tel Aviv y no reconoce la soberanía israelí sobre toda Jerusalén.
El acercamiento con Israel, sin embargo, no estuvo exento de cuestionamientos. La política exterior del nuevo Ejecutivo fue uno de los motivos de las movilizaciones convocadas este miércoles en distintas ciudades colombianas, donde algunos manifestantes expresaron su rechazo al restablecimiento de las relaciones y al acercamiento del Gobierno con Estados Unidos, encabezado por Donald Trump.
Miles de personas marcharon contra el Gobierno
En paralelo a la inauguración diplomática, miles de colombianos se movilizaron en las principales ciudades del país para expresar su rechazo a las primeras decisiones de De la Espriella, quien lleva poco más de dos meses en el poder.
Las protestas fueron convocadas por sectores opositores vinculados al ex presidente Petro y reunieron a sindicatos, estudiantes, organizaciones feministas, comunidades indígenas y otros colectivos sociales. Los reclamos abarcaron cuestiones laborales, educativas y territoriales, además de la preocupación por posibles retrocesos en derechos sociales y humanos.
La jornada estuvo atravesada por la controversia en torno al decreto 1525 de 2026, firmado el martes por el presidente, que modifica los protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad ante episodios de violencia durante las manifestaciones.
La normativa establece que las autoridades deben privilegiar el diálogo y la mediación, aunque aclara que esa instancia no constituye un requisito previo para intervenir contra personas que cometan actos violentos. De esta manera, la Policía puede actuar contra quienes utilicen armas, provoquen agresiones o retengan a otras personas sin esperar a que finalice el diálogo con el conjunto de los manifestantes.
De la Espriella defendió la disposición y sostuvo que la protesta pacífica es una garantía constitucional, pero que ese derecho no habilita agresiones, destrucción de bienes ni bloqueos que impidan la circulación de ambulancias y otros servicios de emergencia.
“Nunca más un bloqueo permanente de una carretera. Nunca más un carril de TransMilenio convertido en trinchera”, afirmó el mandatario. También advirtió que las autoridades actuarán conforme a la ley frente a hechos que constituyan delitos.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, calificó el decreto como “garantista y democrático” y sostuvo que el Gobierno respeta la protesta social, pero no tolerará los bloqueos.
La norma, no obstante, establece límites a la intervención policial: la obstrucción de una vía no convierte por sí sola una manifestación en violenta ni justifica automáticamente su disolución. Para adoptar esa medida, la perturbación debe ser grave y sostenida, y no debe existir otro medio menos lesivo para los derechos de reunión y manifestación. El documento también establece que el uso de la fuerza debe regirse por el principio de intervención mínima.
El temor a perder derechos laborales y sociales
Más allá del decreto, las movilizaciones reflejaron la preocupación de distintos sectores por el futuro de las reformas impulsadas durante la presidencia de Petro, entre 2022 y 2026.
Durante esa gestión se ampliaron las posibilidades de acceso gratuito a la universidad pública, se aprobaron incrementos del salario mínimo y se incorporaron beneficios laborales, como el pago adicional por determinadas horas de trabajo nocturno. Los manifestantes temen que algunas de esas medidas sean modificadas o revertidas por la nueva administración.
Las comunidades indígenas también tuvieron una participación destacada. Sus representantes cuestionan un proyecto oficial para regular el funcionamiento de la guardia indígena, una organización civil que cumple tareas de protección comunitaria y defensa de los territorios ancestrales, especialmente en regiones afectadas por el conflicto armado.
Los dirigentes indígenas consideran que la iniciativa podría afectar sus mecanismos tradicionales de organización y autonomía territorial.
Las marchas también estuvieron atravesadas por críticas a la orientación internacional del Gobierno y a otras decisiones de la administración. En Bogotá se observaron banderas palestinas y algunos manifestantes quemaron una bandera estadounidense para expresar su rechazo al acercamiento con Washington y al restablecimiento de los vínculos con Israel.
Otro foco de cuestionamientos está relacionado con presuntas irregularidades en la administración de fondos privados destinados a asistir a las víctimas del terremoto que afectó el oeste colombiano el 10 de agosto. Los señalamientos apuntan a la esposa del presidente y a su presunta vinculación con la gestión de las ayudas, aunque se trata de acusaciones que deben ser corroboradas y contrastadas con la respuesta de las personas involucradas.
También hubo críticas a las frecuentes referencias religiosas del mandatario durante actos públicos, que algunos sectores consideran incompatibles con la separación entre el Estado y las confesiones religiosas.
Por su parte, el senador de izquierda Iván Cepeda, quien perdió las elecciones presidenciales por menos de un punto porcentual, participó de las protestas en Bogotá. Su presencia fue interpretada como una demostración de fuerza de los sectores opositores, que buscan marcar límites a las primeras decisiones del nuevo Ejecutivo.
