El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, cuestionó las consecuencias sociales de las políticas económicas del Gobierno nacional y advirtió que las provincias deben afrontar parte de los efectos del ajuste, en un contexto marcado por las dificultades de las familias, el cierre de empresas y la caída del empleo.
Durante una entrevista en el programa televisivo de Mirtha Legrand, conducido por Juana Viale, el mandatario definió a las administraciones provinciales como “amortiguadores del ajuste” y reclamó que las decisiones económicas contemplen la situación de las pequeñas y medianas empresas (pymes), los trabajadores y los sectores más vulnerables.
Llaryora reconoció la necesidad de ordenar las variables macroeconómicas, pero insistió en que ese proceso debe estar acompañado por políticas que permitan sostener la actividad productiva y evitar un agravamiento de la situación social.
La presión sobre la salud y la economía familiar
Para ilustrar las dificultades que enfrentan las provincias, el gobernador mencionó el cierre de una clínica en Marcos Juárez, que dejó a unos 5.000 afiliados del Pami sin atención médica. Según explicó, ante esa situación, el Gobierno cordobés debió intervenir para garantizar la cobertura sanitaria.
El caso, señaló, refleja cómo las dificultades económicas y el retiro de determinadas coberturas nacionales trasladan nuevas responsabilidades a las administraciones provinciales, que deben responder a las demandas de la población con recursos limitados.
En ese marco, Llaryora destacó la implementación de medidas locales orientadas a aliviar el impacto de la crisis sobre los hogares. Entre ellas, mencionó programas que permiten financiar la compra de alimentos y medicamentos en cuotas, con el objetivo de facilitar el acceso a productos esenciales y estimular el consumo.
Sin embargo, advirtió que la capacidad de respuesta de los gobiernos provinciales también se ve condicionada por el deterioro de la actividad económica, el cierre de establecimientos y la pérdida de puestos de trabajo.
El reclamo de sentido común al Gobierno nacional
Al referirse a la relación con la administración del presidente Javier Milei, Llaryora sostuvo que Córdoba mantiene un vínculo institucional correcto con la Nación. Explicó que su gestión acompaña las iniciativas con las que coincide, mientras que expresa sus diferencias frente a aquellas que considera inadecuadas.
El gobernador afirmó que comparte la necesidad de ordenar la economía, aunque planteó que la estabilización no puede limitarse a las variables macroeconómicas sin atender las consecuencias sobre la producción y el empleo.
“Si vos te quedás con el programa macro y a esto no le das apunte, estás cayendo en una crisis social que te puede llevar puesto”, advirtió durante la entrevista.
En ese sentido, pidió aplicar criterios de “sentido común” para sostener políticas públicas capaces de acompañar a la población durante la crisis y evitar que las dificultades económicas se profundicen.
Su planteo apunta a que el ordenamiento fiscal y monetario esté acompañado por herramientas que permitan preservar las fuentes laborales, sostener a las empresas y garantizar servicios fundamentales.
Infraestructura, empleo y educación como prioridades
Frente al escenario económico, Llaryora ratificó que Córdoba mantendrá la inversión en infraestructura, las políticas destinadas a impulsar la generación de empleo y el fortalecimiento de la educación.
El mandatario presentó estos ejes como parte de la estrategia provincial para sostener la actividad económica y contener el impacto social de las medidas nacionales. En particular, destacó la importancia de proteger a las pymes, por su incidencia en la generación de puestos de trabajo y en el funcionamiento de las economías locales.
De esta manera, el gobernador volvió a marcar diferencias con el rumbo económico nacional y advirtió sobre los límites de las provincias para absorber indefinidamente las consecuencias del ajuste. Su reclamo central es que la estabilización económica contemple también la situación de los trabajadores, las empresas y las familias, para evitar que el costo social de la crisis continúe en aumento.
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