Una jueza de Miami emitió una orden de arresto contra el expresidente cubano Raúl Castro, de 95 años, por su presunta participación en el derribo de dos avionetas de la organización humanitaria Hermanos al Rescate, ocurrido en 1996 y que provocó la muerte de cuatro personas. La medida, impulsada por las autoridades de Florida, abrió un nuevo capítulo en una investigación reactivada tres décadas después del ataque.
La orden fue firmada por la jueza Ariana Fajardo Orshan, del Tribunal del Undécimo Circuito Judicial de Florida, a partir de indicios que permitirían acusar a Castro de conspirar con espías para cometer asesinato en primer grado. El fiscal general del estado, James Uthmeier, anunció la medida este lunes durante una conferencia de prensa en la Universidad Internacional de Florida (FIU).
“Raúl Castro ordenó el asesinato a sangre fría de cuatro floridanos”, afirmó Uthmeier, quien sostuvo que su gobierno continuará buscando justicia por las muertes de Carlos Costa, Pablo Morales, Mario de la Peña y Armando Alejandre Jr. Además, advirtió que las autoridades investigan a otras personas que podrían estar vinculadas con el caso.
“Sé que Castro es un anciano y que no vendrá a Miami por voluntad propia, pero estamos listos para procesar el caso aquí”, señaló el funcionario, en referencia a las dificultades para llevar al exmandatario ante la Justicia estadounidense.
El derribo de las avionetas en 1996
El episodio ocurrió el 24 de febrero de 1996, cuando aviones militares cubanos derribaron dos avionetas civiles de Hermanos al Rescate, una organización con sede en Miami que buscaba y auxiliaba a cubanos que intentaban escapar de la isla por mar. En el ataque murieron tres ciudadanos estadounidenses y un residente legal permanente en Estados Unidos.
Según la investigación estadounidense, agentes cubanos que operaban en Florida recopilaron información sobre los vuelos de la organización y transmitieron datos a La Habana que habrían facilitado la interceptación de las aeronaves. Las denuncias judiciales sostienen que los aviones fueron derribados sobre aguas internacionales.
En aquel momento, Castro se desempeñaba como ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). En mayo pasado, la Justicia federal estadounidense también lo acusó formalmente por su presunta participación en los hechos, incluidos cargos de asesinato y conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses.
La orden estatal representa un nuevo avance en el expediente que Florida reabrió en marzo, en medio de una creciente presión de la administración de Donald Trump sobre el Gobierno cubano y de un endurecimiento de las medidas contra figuras vinculadas al régimen.
La respuesta del Gobierno cubano
El Gobierno de Cuba rechazó la orden de arresto y la calificó de maniobra política sin sustento jurídico, destinada, según sus autoridades, a justificar el bloqueo económico que Estados Unidos mantiene contra la isla desde hace más de seis décadas.
El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, cuestionó la iniciativa a través de la red social X y la describió como un “patético circo miamense, con trasfondo electoral”. También sostuvo que se trata de una maniobra impulsada por políticos contrarios al Gobierno cubano contra Castro y el país caribeño.
Díaz-Canel afirmó que la medida forma parte de una política de agresión que busca legitimar el bloqueo estadounidense y el “castigo colectivo” contra la población de la isla.
En la misma línea, el canciller Bruno Rodríguez condenó lo que definió como una nueva acción de los sectores anticubanos del sur de Florida. El funcionario también cuestionó las acusaciones contra Castro y aseguró que forman parte de una estructura política que, según su postura, se sostiene desde hace décadas mediante la confrontación con Cuba.
La Habana sostiene que el derribo de las avionetas se produjo dentro de su espacio aéreo y que la actuación militar respondió al ejercicio de su derecho a la legítima defensa. Washington, por su parte, asegura que las aeronaves fueron atacadas en aguas internacionales.
