La investigación penal por las presuntas irregularidades en la administración de la Caja de Previsión de los Profesionales de la Ingeniería, Arquitectura, Agrimensura, Agronomía y de la Construcción de Córdoba (Ley 8.470) sumó este miércoles un capítulo de alto impacto institucional y judicial. Por orden del fiscal de Casos Complejos, Enrique Gavier, se concretaron cinco detenciones y nuevos allanamientos, alcanzando a directivos y máximas autoridades de los colegios profesionales de la provincia.
Entre los detenidos figuran Inti Manuel Smith y Nicolás Luis Paulín, presidentes del Colegio de Ingenieros Especialistas y del Colegio de Arquitectos de Córdoba, respectivamente. La lista de aprehendidos se completa con Luis Adán Calderón, Carmen Encarnación Rodríguez y Liliana Rosa Scaglia.
El mecanismo bajo la lupa: obras subdeclaradas y perjuicio previsional
La causa, que tomó estado público durante el primer semestre del año, investiga un presunto esquema de administración fraudulenta en el organismo encargado de gestionar los fondos jubilatorios y pensiones de los profesionales de la construcción.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, el núcleo de la maniobra consistía en la disminución artificial de los valores declarados en determinadas obras de construcción. Al rebajar el costo formal de los emprendimientos, se reducía proporcionalmente el monto de los aportes previsionales y tasas que debían ingresar a las arcas de la Caja, afectando de manera directa el patrimonio institucional.
La denuncia original que dio origen al expediente había sido impulsada por el ingeniero Jorge Santecchia —directivo de la entidad— bajo el patrocinio del abogado Miguel Ángel Ortiz Pellegrini. El avance de las pesquisas derivó meses atrás en allanamientos simultáneos (como los ejecutados el pasado 6 de agosto en el sector sur de la ciudad) y en la intervención judicial de la Caja dictada por el juez de Control José Milton Peralta mediante un régimen de coadministración.
Razones de las detenciones: entorpecimiento y riesgo procesal
Si bien los cinco involucrados ya se encontraban formalmente imputados en la causa —Liliana Rosa Scaglia (vocal titular del directorio) como presunta coautora de defraudación por administración infiel, y el resto como presuntos partícipes necesarios—, su situación procesal se agravó drásticamente este miércoles.
Las órdenes de detención libradas por la fiscalía se fundamentaron en la detección de actos de entorpecimiento de la investigación, sumados al incumplimiento de las condiciones de libertad que habían sido impuestas a algunos de los acusados. Para los investigadores, estos factores incrementaron el riesgo procesal, volviendo indispensable la medida privativa de la libertad para preservar la prueba y garantizar el normal desarrollo del proceso.
En paralelo, la fiscalía dictó una nueva imputación contra Pablo Antonio Calapiña, en su caso por el presunto delito de encubrimiento, disponiendo las medidas pertinentes para su identificación y declaración. Cabe recordar que el expediente también rozó al poder político meses atrás, cuando el entonces secretario de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Córdoba, Diego Peralta, debió apartarse de su función tras quedar vinculado al proceso junto a otros directivos de la Caja como Gustavo Noé Mícolo y Ana Margarita Ruzycki.
Blindaje a la intervención y control estricto sobre los colegios
Junto con los operativos policiales y detenciones, la fiscalía emitió resoluciones complementarias destinadas a ordenar la administración de la entidad previsional y respaldar la labor del interventor judicial, el contador Pablo Artino:
Prohibición de asambleas: Se intimó a los colegios profesionales y al Consejo de Control de Gestión a entregar toda la información requerida, prohibiéndoles convocar a asambleas que busquen modificar o revocar decisiones del órgano de administración mientras dure la intervención y la causa penal.
Acceso total a registros y sedes: Se avaló la participación activa de Pablo Artino en las sesiones del Consejo de Control de Gestión, otorgándole acceso continuo a las sedes de los colegios, registros de obras, expedientes de honorarios y trámites de nuevas construcciones, con facultad para entrevistar al personal administrativo.
Desde el Ministerio Público Fiscal recordaron que las medidas procesales y detenciones dictadas no constituyen un fallo condenatorio definitivo, debiendo respetarse en todo momento las garantías constitucionales del debido proceso y el principio de inocencia.
