Con el respaldo de sus aliados, el oficialismo logró aprobar en la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una de las iniciativas centrales de la agenda legislativa del Gobierno, aunque con un cambio central: debió restituir la vigencia de la Ley de Tierras, sancionadas por el kirchnerismo en 2011.
La votación
El oficialismo logró la apobación en general del mega paquete de leyes por 124 votos positivos contra 119 negativos y seis abstenciones.
La iniciativa fue aprobada con el voto de la Libertad Avanza, el PRO, la UCR, MiD, Producción y Trabajo, y un sector de Provincias Unidas, y de Argentina Federal. A su vez, fue rechazada por Unión por la Patria, la izquierda, y legisladores provinciales, mientras que se abstuvieron los cinco diputados cordobeses que responden al gobernador Martín Llaryora y uno del PRO, Alvaro Gónzalez.
Sin embargo, el capítulo IV del proyecto, que ratifica la vigencia de la Ley de Tierras, cosechó un contundente 239 votos de apoyo, una mayoría suficiente para blindarlo de un eventual veto presidencial.
La restitución de la Ley de Tierras
Pasa que, para reunir el consenso necesario, los libertarios tuvieron que aceptar modificaciones al texto original de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada: centralmente, la restitución de la Ley de Tierras (26.737, sancionada en 2011) que el Poder Ejecutivo inicialmente pretendía derogar. La norma establece topes a la venta de tierras a extranjeros, ya que ninguna persona o empresa extranjera puede superar el 15% del total de las tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal.
Además, establece un límite individual, pues ningún titular extranjero puede poseer más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo agrícola o su equivalente según la región. Además, prohíbe la adquisición de tierras que contengan o limiten con cuerpos de agua permanentes y de envergadura (lagos, ríos, glaciares o zonas de frontera) para proteger los recursos escenciales del suelo argentino.
Como Diputados introdujo cambios, el proyecto volverá al Senado -Cámara de origen- para su ratificación definitiva.
La iniciativa ya había sufrido un recorte significativo durante su paso por el Senado, donde se eliminó el capítulo sobre utilización de tierras para la producción tras incendios.
El texto aprobado
La iniciativa aprobada endurece las condiciones para que el Estado pueda expropiar bienes. Exige que las expropiaciones respondan a una declaración específica de utilidad pública y establece el pago previo de una indemnización calculada sobre el valor objetivo de mercado del inmueble. También contempla el reconocimiento del lucro cesante, uno de los puntos más cuestionados por la oposición, que advierte que encarecerá las expropiaciones.
El proyecto también busca acelerar la recuperación de inmuebles ocupados mediante juicios sumarísimos de desalojo, aunque establece un plazo de protección de diez días para personas en situación de vulnerabilidad. Además, incorpora modificaciones para modernizar el sistema de registro de la propiedad inmueble.
Desde La Libertad Avanza (LLA), Santiago Santurio defendió la reforma como una herramienta para garantizar la seguridad jurídica y promover las inversiones. “Cuando se sabía que acá en la Argentina no se respetaban los derechos de propiedad, nadie quería invertir”, sostuvo el diputado, que reivindicó la agilización de los desalojos para restituir rápidamente los inmuebles a sus propietarios y advirtió que la ocupación de viviendas desalienta la oferta de alquileres.
En la oposición, Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, cuestionó el intento original del Gobierno de derogar las leyes de tierras, manejo del fuego e integración sociourbana. “Fracasaron en el Senado y quedó bastante poco de aquel disparate del ministro (Federico) Sturzenegger”, afirmó y atribuyó el retroceso oficial a los cuestionamientos institucionales y judiciales, pero fundamentalmente a la presión social.
Myriam Bregman, del Frente de Izquierda (FIT), advirtió a su vez que la reforma elevará los costos que debe afrontar el Estado y sostuvo que la preservación de la Ley de Tierras fue resultado de la movilización social. “No es porque ninguno de ustedes se puso a estudiar y reconsiderar”, advirtió hacia las bancas libertarias.
En la misma línea, Hugo Moyano (h.), de Unión por la Patria (UP), cuestionó la incorporación del lucro cesante a las indemnizaciones por expropiación. Según planteó, la medida busca encarecer eventuales expropiaciones para proteger a las empresas que se privaticen frente a futuras decisiones del Congreso de recuperarlas por razones de interés público, como en el caso YPF.
Tras la votación, la sesión continua con el debate sobre un nuevo esquema de trazabilidad de medicamentos.
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