El Gobierno nacional intensifica las negociaciones con los bloques dialoguistas de la Cámara de Diputados para alcanzar un acuerdo que permita avanzar con el Presupuesto 2027. La intención del oficialismo es firmar el dictamen el próximo miércoles y tratar el proyecto en el recinto el 18 de noviembre.
La aceleración de las conversaciones responde, en parte, a que durante la primera quincena de noviembre habrá una actividad reducida en la Cámara baja. Por eso, La Libertad Avanza buscará cerrar entre el lunes y el martes los consensos sobre los puntos del proyecto que podrían sufrir modificaciones.
Desde el oficialismo aseguran que las conversaciones con sus aliados avanzan favorablemente y consideran que no existen motivos para postergar la firma del dictamen. Sin embargo, desde los espacios dialoguistas reconocen que los tiempos son ajustados y advierten que todavía hay diferencias importantes, especialmente en materia de discapacidad y asignaciones sociales.
El cronograma de trabajo, diseñado por el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Alberto “Bertie” Benegas Lynch, contempla una última reunión informativa el martes a las 11. Todavía resta definir qué funcionario del Poder Ejecutivo asistirá a responder las consultas de los diputados. El debate del dictamen está previsto para el miércoles a las 14.
Las negociaciones y el límite fiscal del Gobierno
Las conversaciones en Diputados están encabezadas por el presidente de la Cámara, Martín Menem; el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni; y Benegas Lynch. En paralelo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantiene contactos con los gobernadores de las provincias cuyos legisladores podrían acompañar el proyecto.
La principal condición del Gobierno es que cualquier modificación preserve las metas fiscales previstas, con especial énfasis en el equilibrio de las cuentas públicas y el superávit primario.
Uno de los puntos centrales de la discusión es la denominada jurisdicción 91, correspondiente a las Obligaciones a Cargo del Tesoro. Esa partida contempla unos $14,9 billones y registra un aumento interanual del 163%.
Los bloques dialoguistas y opositores pretenden que una parte de esos recursos se destine a reforzar el financiamiento de las universidades nacionales y las prestaciones por discapacidad. La postura del Ejecutivo es que esos fondos deben cubrir compromisos con organismos provinciales, nacionales e internacionales, además de atender emergencias y fondos especiales.
Discapacidad, asignaciones y universidades, en el centro del debate
Entre los principales reclamos de la UCR, el PRO y distintos espacios provinciales figura la derogación de los artículos 36 al 41 del proyecto, que introducen modificaciones en aspectos centrales de la legislación sobre discapacidad. Los legisladores también piden recomponer las partidas destinadas a ese sector.
Otra diferencia importante está vinculada con las asignaciones sociales. El proyecto oficial propone eliminar la actualización automática de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo, las ayudas sociales y las asignaciones familiares, cuyos montos actualmente se ajustan según la evolución de la inflación. Los bloques dialoguistas buscan mantener el mecanismo vigente.
El financiamiento universitario también genera tensiones. Mientras que la iniciativa del Ejecutivo contempla una partida de $7,3 billones, los rectores de las universidades nacionales reclaman alrededor de $11 billones para sostener el funcionamiento de las instituciones.
A estos planteos se suman los pedidos de las 13 provincias que cuentan con cajas jubilatorias propias, que exigen que el Presupuesto contemple las deudas que Nación mantiene con sus sistemas previsionales.
Los gobernadores también reclaman fondos para reparar rutas y reactivar obras públicas paralizadas desde 2023. Estas demandas fueron planteadas durante la reunión que mantuvieron el 16 de octubre con Santilli.
El oficialismo busca reunir los votos necesarios
Además de acordar posibles modificaciones al proyecto, La Libertad Avanza debe garantizar el número de diputados necesario para abrir una sesión. El bloque oficialista cuenta con 95 integrantes y necesita al menos 129 presentes para alcanzar el quórum.
Por eso, la estrategia apunta a consolidar el respaldo de los espacios aliados y sumar a legisladores que responden a gobernadores provinciales.
Los bloques más cercanos al Gobierno, PRO, UCR, MID, Por Santa Cruz, Adelante Buenos Aires y Producción y Trabajo, reúnen 24 diputados. El oficialismo también busca el acompañamiento de los nueve integrantes de Argentina Federal, vinculados a los gobernadores Gustavo Sáenz, de Salta, y Hugo Passalacqua, de Misiones.
A ellos se sumarían los tres diputados de Elijo Catamarca, relacionados con el mandatario Raúl Jalil, y los tres de Independencia, que responden al gobernador tucumano Osvaldo Jaldo.
Otra de las apuestas del Gobierno es conseguir el apoyo de alrededor de diez legisladores de Provincias Unidas, espacio en el que participan representantes de Córdoba, Santa Fe, Jujuy y Chubut, entre otras provincias. Entre los gobernadores vinculados a ese armado se encuentran Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro y Carlos Sadir.
Las próximas jornadas serán decisivas para definir el alcance de los acuerdos. El oficialismo necesita resolver las diferencias sobre las partidas presupuestarias y reunir los apoyos parlamentarios para firmar el dictamen el miércoles y avanzar con el tratamiento del Presupuesto 2027 en noviembre.
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