La Fiscalía Municipal de Río Cuarto amplió una denuncia penal ante la Justicia tras destapar un esquema de desvío de fondos públicos destinados a programas de asistencia socioeconómica y emergencia habitacional. El fiscal municipal, doctor Ricardo Muñoz, precisó que los controles financieros internos detectaron la sustracción de aproximadamente 60 cheques por un monto total superior a los 7 millones de pesos, depositados de manera ilegal en la cuenta bancaria privada de una trabajadora.
Mecanismo de la maniobra investigada
La investigación se centra en una agente municipal de la Subsecretaría de Hábitat, dependencia a cargo de Pablo Bertea. La empleada, que ingresó a la administración en 2011 y cumplía funciones en dicha área desde 2013, retenía los valores otorgados a familias vulnerables, los endosaba a su nombre y realizaba el depósito directo en su propia cuenta bancaria personal. La primera acusación formal fue radicada el 9 de octubre, e investigaciones posteriores incorporaron informes contables con imágenes del material bancario.
Auditorías y medidas judiciales
El hallazgo surgió a través de auditorías contables conjuntas lideradas por las secretarías de Economía y de Obras y Servicios Públicos. Ante el perjuicio al erario público, el Gobierno de Río Cuarto decretó la suspensión inmediata de la agente de sus funciones e inició un sumario administrativo. En el plano penal, la comuna solicitó constituirse como querellante particular y actor civil ante el Ministerio Público Fiscal, demandando embargos sobre los bienes de la acusada y medidas de restricción personal para procurar la recuperación de los fondos.
Impacto social y garantía del servicio
El hecho provoca un fuerte impacto en Río Cuarto y la provincia de Córdoba, dado que los recursos debían cubrir soluciones habitacionales en un contexto social delicado. Desde el Ejecutivo local aseguraron que se dispusieron los recaudos necesarios para garantizar la continuidad del programa asistencial sin perjudicar a los beneficiarios.
