El gobierno de Córdoba abrochó días atrás un entendimiento clave con la administración central. La Provincia acordó firmar el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas con la Nación —un entendimiento que rubricarán el gobernador Martín Llaryora y el ministro de Economía, Luis Caputo— mediante el cual se compensarán deudas cruzadas que dejarán un saldo neto a favor de la Casa Rosada de casi 295.746 millones de pesos.
Lejos de mostrarse como una claudicación ante las presiones del centralismo fiscal, el acuerdo explicita los límites de la negociación cordobesa: si bien se cancelan compromisos financieros heredados y adelantos de caja, el Panal se guardó las cartas más pesadas al excluir expresamente del pacto los millonarios reclamos por el rojo previsional y las demandas que tramitan en la Corte Suprema.
Cómo se armó la compensación y el peso de la factura
El entendimiento establece un mecanismo contable donde se reconocen deudas nacionales hacia Córdoba por 142.959 millones de pesos, cifra que se cruza con obligaciones provinciales que trepan a los 438.705 millones de pesos.
De esa diferencia surge el saldo neto que la Provincia deberá honrar bajo un estricto plan de pagos. Entre los créditos que la Nación le reconoce a Córdoba se destacan:
110.000 millones de pesos girados por la Anses correspondientes a un anticipo del ejercicio 2026.
Cerca de 33.000 millones de pesos por ajustes atrasados de la compensación del Consenso Fiscal acumulados entre 2024 y mediados de 2026.
Del lado de las obligaciones que El Panal asume con el Tesoro nacional figuran un anticipo financiero de 400.000 millones de pesos (otorgado mediante el Decreto 584/2026), sus respectivos intereses y un pago a cuenta vinculado a la deuda con el Club de París.
Un cronograma exigente hasta diciembre de 2027
Para cancelar los casi 296.000 millones de pesos netos a favor de la Nación, el acuerdo diseñado por el equipo económico nacional fija un plan de pagos en cuotas que se estirará hasta finales del año próximo:
Noviembre de 2026: un primer tramo de 60.000 millones de pesos.
Diciembre de 2026: un segundo pago de casi 45.000 millones, además de la cancelación en una única cuota de los intereses acumulados al 15% nominal anual pactado en el convenio.
De mayo a diciembre de 2027: el remanente de más de 190.000 millones de pesos se abonará en ocho cuotas mensuales, iguales y consecutivas.
Como garantía de cobro, el instrumento prevé que la Nación ejecute los descuentos de manera directa mediante la retención automática de los recursos de la coparticipación federal, un mecanismo que tradicionalmente condiciona el margen de maniobra de las cuentas provinciales.
Lo que no se firmó: la pelea por la Caja y la Corte
El punto político más sensible del entendimiento radica en lo que el Gobierno cordobés decidió blindar. La letra chica del convenio aclara que la renuncia a futuros reclamos judiciales aplica únicamente sobre los rubros y montos expresamente compensados, dejando a salvo dos frentes de conflicto históricos con la Rosada:
El rojo previsional: Quedaron afuera de la amnistía financiera las diferencias pendientes por la cobertura de los déficits de la Caja de Jubilaciones de los periodos 2025 y 2026 que la ANSES sigue retaceando a la Provincia.
Los tribunales: Se preservaron intactas las causas judiciales iniciadas por el cobro de sumas de dinero que actualmente tramitan en la Corte Suprema de Justicia de la Nación (bajo los expedientes CSJ 526/2023 y CSJ 968/2023).
De este modo, el Gobierno provincial utiliza el esquema de compensación de deudas corrientes para descomponer la tensión financiera de corto plazo, pero ratifica que la disputa de fondo por los recursos previsionales que le corresponden a los jubilados cordobeses continuará en el terreno judicial y político.
