El Gobierno nacional modificó la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y flexibilizó las condiciones para que las empresas extranjeras radicadas en la Argentina puedan ser consideradas proveedoras locales de los grandes proyectos de inversión. La medida elimina la exigencia de que al menos el 51% del capital o de los derechos de voto pertenezca a titulares nacionales.
Los cambios quedaron establecidos mediante el decreto 1366/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo.
A partir de la nueva disposición, bastará con que una compañía esté constituida y domiciliada en la Argentina para obtener la calificación de proveedor local, independientemente de la nacionalidad o residencia de sus accionistas y de la composición de su capital.
La modificación también alcanza a las empresas que suministren bienes, aunque en esos casos se mantiene la obligación de cumplir con los criterios de origen nacional establecidos por el Mercosur.
Según los fundamentos oficiales, el objetivo es ampliar la participación de las compañías radicadas en el país en las cadenas de suministro de los proyectos aprobados bajo el RIGI y promover una mayor competencia entre proveedores.
La decisión se conoce mientras el Ministerio de Economía busca vincular a las grandes inversiones con empresas proveedoras de distintos sectores. En ese marco, la cartera organiza rondas de negocios para acercar a las compañías titulares de proyectos con potenciales proveedores. La segunda convocatoria está prevista para el 2 de diciembre, con foco en hidrocarburos y energía, y contempla la participación de 60 empresas compradoras y más de 2.000 proveedoras.
Los cambios en el ingreso de dólares y las sociedades
El decreto también amplió los mecanismos para computar las divisas destinadas a los proyectos adheridos al régimen. Desde ahora, no solo podrán contabilizarse los dólares ingresados directamente por los Vehículos de Proyecto Único (VPU), sino también los aportes y financiamientos provenientes del exterior realizados por accionistas directos o indirectos, socios o integrantes de uniones transitorias de empresas (UTE).
Para acceder a esta posibilidad, las compañías deberán demostrar que los fondos se destinaron efectivamente a las inversiones aprobadas, mediante registros contables y mecanismos de trazabilidad. El Banco Central establecerá las condiciones correspondientes para el acceso al mercado de cambios.
En materia societaria, la normativa permite que terceros adquieran participaciones en empresas beneficiarias sin que esas operaciones modifiquen los derechos y beneficios del proyecto aprobado. Sin embargo, el monto de esas adquisiciones no podrá computarse para alcanzar los mínimos de inversión exigidos por el régimen.
También se flexibilizaron las condiciones para las UTE y otros contratos asociativos, que podrán transferir participaciones o incorporar nuevos integrantes. Las operaciones deberán informarse a la autoridad de aplicación dentro de los 15 días corridos posteriores a su inscripción. El organismo tendrá 30 días para formular observaciones y, si no lo hace, la transferencia se considerará conformada.
Además, las sucursales destinadas a proyectos del RIGI podrán transferir sus activos, pasivos, derechos y obligaciones a una sociedad anónima, con autorización previa del Ministerio de Economía, sin necesidad de volver a adherirse al régimen ni perder los beneficios obtenidos.
Las advertencias sobre los proveedores nacionales
Uno de los principales puntos de discusión de la modificación es el alcance de la nueva definición de proveedor local. Si bien permitirá incorporar a más empresas radicadas en el país, también habilitará a compañías de capital extranjero a competir en igualdad de condiciones dentro de esa categoría.
Un análisis de la consultora Paspartú advirtió sobre un posible efecto adverso: que la incorporación de empresas extranjeras domiciliadas en la Argentina como proveedoras locales termine perjudicando al entramado productivo nacional, en lugar de fortalecerlo.
La consultora también señaló que el desarrollo de proveedores requiere una intervención estatal que facilite su incorporación a las cadenas de suministro de los grandes proyectos y no dependa exclusivamente de las decisiones de las empresas inversoras.
Por otra parte, el decreto introdujo precisiones para los Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP), que pueden desarrollarse en distintas etapas. La nueva reglamentación diferencia los compromisos parciales de cada fase de la inversión total y establece una fecha límite única para alcanzar el monto mínimo exigido en activos computables.
Un nuevo parque eólico ingresó al régimen
En paralelo a los cambios regulatorios, el Gobierno aprobó la incorporación al RIGI del proyecto Vientos La Rinconada, un parque eólico ubicado a unos 40 kilómetros de Olavarría, en la provincia de Buenos Aires.
La iniciativa contempla una inversión de US$230,7 millones y una potencia instalada de 94,5 megavatios. Según la resolución 1983 del Ministerio de Economía, la empresa deberá ejecutar el 40% de la inversión computable en cada uno de los dos primeros años y completar el mínimo requerido antes del 31 de marzo de 2027.
El emprendimiento se conectará al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) y tendrá como principal objetivo abastecer a la siderúrgica Siderca, ubicada en Campana.
Toyota invertirá US$1.341 millones para producir vehículos híbridos en Argentina









