La Libertad Avanza enfrenta este martes una jornada crucial en el Congreso para la definición de los dos proyectos que el gobierno de Javier Milei considera cruciales para su futuro próximo: la suspensión de las primarias Paso y el Presupuesto 2027.
En busca de cuatro votos
Por un lado, LLA busca contrarreloj sumar cuatro firmas más en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado para emitir dictamen este martes sobre el nuevo proyecto de reforma electoral presentado por el Ejecutivo, que promuevela suspensión de las Paso en 2027.
Según los últimos datos de la prensa porteña, el oficialismo cuenta con seis adhesiones propias de las diez necesarias para dictaminar el nuevo proyecto, por lo que negocia con bloques radicales y provinciales, donde la senadora cordobesa Alejandra Vigo ocupa un lugar decisivo.
La iniciativa reemplaza el proyecto de eliminación definitiva de las Paso por otro que impulsa su suspensión, a la vez que incorpora un sistema de listas colectoras que genera reparos en la Cámara Nacional Electoral y en algunos sectores aliados.
El nuevo proyecto oficial
El oficialismo retirará el texto original al inicio del debate en comisión para presentar una nueva redacción. La propuesta establece que las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) no se eliminan de forma permanente, sino que quedan suspendidas únicamente para los comicios de 2027. El borrador también habilita hasta dos adhesiones por boleta, lo que restablece el mecanismo de listas colectoras para la próxima elección nacional.
La comisión está integrada por 19 legisladores. La Libertad Avanza tiene seis representantes y el peronismo cuenta con otros seis. Los siete lugares restantes se reparten entre tres senadores de la Unión Cívica Radical, dos de Provincias Unidas, uno de Independencia y uno de Convicción Federal.
Según los conteos de la prensa porteña, al oficialismo aún le faltan cuatro votos para llegar a los 10 que requiere para dictaminar el nuevo proyecto.
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Rosca con radicales y bloques provinciales
El bloque oficial da por descontado el acompañamiento de los radicales Rodolfo Suárez y Eduardo Vischi. Persisten dudas sobre la postura de Flavio Fama, quien rechazó la suspensión de las primarias en votaciones anteriores.
Para asegurar el dictamen de mayoría, los negociadores libertarios apuntan a sumar las firmas de Carlos «Camau» Espínola y de la cordobesa Alejandra Vigo, ambos integrantes de Provincias Unidas. Fuentes parlamentarias consultadas por Infobae indicaron que el oficialismo logrará despachar el texto, aunque sea con disidencias.
Internas oficialistas y rechazo del peronismo
El trámite legislativo expone diferencias internas dentro del espacio gobernante. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el presidente de la comisión, Agustín Coto, convocaron a la reunión sin consultar previamente a la senadora Patricia Bullrich, cuya postura a favor de la eliminación de las Paso no está clara.
Por eso, por la mañana se volverá a reunir la mesa política del oficialismo, con la presencia confirmada de Bullrich, con quien la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el titular de la cámara baja, Martín Menem, pretenden ajustar cuentas para garantizar el camino de la agenda legislativa del Ejecutivo en las últimas sesiones del año.
En la bancada justicialista existe consenso para sostener las primarias y bloquear las colectoras, más allá de sus diferencias electorales internas. «Nosotros seguimos en nuestra postura de no eliminar las Paso y rechazamos el proyecto en general«, afirmaron voceros del bloque peronista.
Advertencias de la Justicia Electoral
La Casa Rosada mantuvo contactos informales con autoridades de la Cámara Nacional Electoral para anticipar las modificaciones. Los magistrados plantearon dudas técnicas sobre la aplicación de listas colectoras junto con el sistema de Boleta Única de Papel.
Los jueces recordaron al equipo de Diego Santilli que una acordada previa exige aprobar cualquier cambio en las reglas de juego antes del inicio del año electoral. Este criterio otorga al Congreso un plazo máximo de seis semanas para sancionar la ley.
Desde los bloques opositores anticiparon que la aprobación de la norma derivará en una judicialización inmediata. «Si lo aprueban van a empezar a llover presentaciones judiciales. Primero en las justicias electorales provinciales, después en la nacional y por último en la Corte Suprema», advirtió un diputado opositor en diálogo con un medio porteño.
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La situación del Presupuesto 2027
Al mismo tiempo, el oficialismo buscará este martes firmar dictamen del proyecto de Presupuesto 2027 en Diputados y preparar el terreno para sesionar el próximo miércoles 25 con el camino despejado para la aprobación de la «ley de leyes».
La comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por Bertie Benegas Lynch, abrirá sus puertas a las 16 con el objetivo expreso de pasar a la firma la norma, sin margen de tiempo para dilatar los detabes ya que el artículo 106 del reglamento establece que se puede dictaminar como máximo el 20 de noviembre dentro del período de sesiones ordinarias.
Hacia fines de la semana pasada el oficialismo logró arrimar posiciones con el PRO al acordar la incorporación al proyecto de las prórrogas de las leyes de autopartismo -con beneficios fiscales para empresas que produzcan autopartes en el país- y la aprobación de la solicitud de endeudamiento del Gobierno porteño con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).
También estaría garantizado el compromiso de otorgar financiamiento a la nueva Ley de Discapacidad cuya aprobación final se encuentra en compás de espera en el Senado.
El ministro de Economía, Luis “Toto Caputo”, resiste esta norma casi en soledad en el Gabinete: en el Gobierno saben que no pueden jugar con fuego y que si se vuelve a manosear el tema de la discapacidad, se pueda derrumbar la ley como un castillo de naipes.
Un punto que seguirá negociándose con los gobernadores tiene que ver con la presión de las provincias para bajar el impuesto a los combustibles líquidos.
Ocurre que la recaudación que la Nación obtiene por este tributo no se está destinando al objetivo por el cual fue creado, que es el mantenimiento de las rutas de todo el país.
El bloque de la UCR comparte los trazos gruesos del proyecto, más allá de algunos pedidos y observaciones: uno de los aspectos en los que más hace hncapié el partido centenario es en el financiamiento universitario, ítem para el cual el Gobierno asignó 7.3 billones de pesos, una cifra lejana a los 11 billones que los rectores de todo el país considerarían razonable.
Obras públicas y el pago de deudas para cubrir los déficts de las cajas jubilatorias de 13 provincias forman parte del menú de la negociación política con los gobernadores.
El Foro de Discapacidad se moviliza para exigir la aprobación de la ley









