La Coordinadora en Defensa del PAMI realizó este miércoles un festival solidario frente a la sede del organismo en Córdoba. La actividad reunió a representantes sindicales, centros de jubilados y organizaciones sociales, que reclamaron por el financiamiento de la obra social y la defensa de los derechos de sus afiliados y trabajadores.
La jornada contó con la participación de ATE, Sutepa, la CGT, la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, el FreSU, el Cispren y la UEPC, entre otras organizaciones.
Según los datos difundidos por la Coordinadora, Córdoba tiene 458.687 beneficiarios, mientras que el organismo alcanza a alrededor de seis millones de afiliados en todo el país.
Los reclamos por la atención y los medicamentos
Durante la actividad, las organizaciones expresaron su preocupación por la situación financiera y operativa del PAMI. Entre los principales pedidos se encontraron la cobertura del 100% en salud y medicamentos, la restitución del Plan Universal de Medicamentos Esenciales y la recuperación de programas sociales vinculados con alimentación, discapacidad y prevención.
También reclamaron la agilización de los turnos con especialistas, la restitución de prestaciones de ortopedia y mayores recursos para garantizar la atención de las personas mayores.
Otro de los planteos estuvo dirigido a la conducción del organismo. Los participantes exigieron el cese de la intervención y la conformación de un directorio democrático con representación de jubilados y trabajadores, además de una auditoría independiente.
Advirtieron por la pérdida de profesionales
La Coordinadora señaló que 70 profesionales dejaron de trabajar en el PAMI en Córdoba como consecuencia del proceso de reducción de personal. Además, indicó que otros 10 trabajadores se jubilarán en diciembre y que sus puestos no serían cubiertos.
En el documento difundido para la jornada, las organizaciones definieron al PAMI como una conquista histórica, creada hace 55 años, y destacaron su función en la atención médica y la protección social de las personas mayores.
Por último, también reclamaron la defensa de los puestos de trabajo, la actualización salarial y una mejora en los valores que reciben los profesionales prestadores para garantizar la continuidad de los servicios.









