Las organizaciones que integran el Colectivo de Discapacidad de Córdoba reclamaron al Gobierno nacional que garantice la implementación efectiva de la nueva Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, que este jueves 19 será tratada en la Cámara de Senadores, luego de obtener media sanción en Diputados.
A través de un comunicado, las entidades expresaron su desconfianza hacia la gestión de Javier Milei y advirtieron que la aprobación de la norma no resolverá por sí sola la crisis que atraviesa el sector. En ese sentido, exigieron que el Poder Ejecutivo avance de inmediato con su promulgación, reglamentación y aplicación, sin repetir los incumplimientos registrados durante la vigencia de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Desde el colectivo explicaron que, ante la imposibilidad de conseguir los votos necesarios para prorrogar la emergencia en Diputados, los bloques opositores negociaron modificaciones al nuevo proyecto oficialista. El objetivo fue incorporar la mayor cantidad posible de garantías y herramientas contempladas en la legislación vigente, para evitar retrocesos en los derechos de las personas con discapacidad, sus familias y los trabajadores del sector.
Las organizaciones cordobesas, sin embargo, habían manifestado su rechazo al proyecto original y pedido a los diputados de la provincia que no lo acompañaran. Según señalaron, la posición buscaba expresar una crítica a las políticas del Gobierno nacional, al que responsabilizan por profundizar el deterioro del sistema prestacional.
Los incumplimientos que generan incertidumbre
Entre los ejemplos de esa situación, el comunicado menciona la caída, el pasado 30 de septiembre, de los convenios que las instituciones prestadoras mantenían con el Estado nacional para brindar servicios a través de Incluir Salud. Según denunciaron, pese a que las organizaciones cumplieron con los requisitos establecidos para renovar esos acuerdos, la Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS) todavía no comunicó con claridad cómo se realizará el procedimiento.
También cuestionaron la suspensión de más de 21.000 pensiones por discapacidad anunciada el 28 de octubre por el vocero del Gobierno, Adrián Ravier, a las que se habrían sumado otras casi 5.000 durante la semana siguiente.
En este contexto, el colectivo advirtió que la eliminación de la declaración de emergencia de la nueva normativa no significa que la situación del sector haya mejorado. Por el contrario, consideró que la incertidumbre y las dificultades para sostener las prestaciones continúan mientras se acerca el vencimiento de la actual ley, previsto para el 31 de diciembre.
El reclamo por el presupuesto 2027
Otro de los puntos que preocupa a las organizaciones es el tratamiento del proyecto de Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados. En particular, señalaron las disposiciones del denominado Capítulo 6, que incluye modificaciones al sistema de discapacidad y que, según denunciaron, contradicen los principios de la nueva ley.
Entre los aspectos cuestionados se encuentran la eliminación de valores universales y federales para el nomenclador de prestaciones, la desregulación del sistema, la derogación de las pensiones por discapacidad para la protección social y la incompatibilidad entre esas pensiones y el empleo.
Por eso, las entidades consideran insuficiente la eventual eliminación de ese capítulo y reclaman que el Presupuesto incorpore expresamente las partidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la nueva legislación.
En concreto, exigieron la reactivación de los trámites para nuevas pensiones, con respuesta para más de 200.000 solicitudes que, según denunciaron, permanecen sin resolución; la implementación de las pensiones por discapacidad para la protección social; la recuperación de las prestaciones y las compensaciones a instituciones afectadas; y una actualización urgente de los aranceles.
También reclamaron un presupuesto adecuado para el sector y el resguardo del Fondo Solidario de Redistribución, que se financia con aportes de trabajadores de todo el país.
Finalmente, las organizaciones advirtieron que la sanción de la ley deberá traducirse en medidas concretas y no quedar limitada a una declaración legislativa. «Las personas con discapacidad, nuestras familias y quienes trabajamos en el sector no resistimos más dilaciones ni incumplimientos», expresaron en el documento.
El comunicado lleva las firmas de la Federación Converger, la Asamblea Trabajadores de Inclusión (ATI), la Cámara de Prestadores de Discapacidad (CAPREDIS), la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos y el Colectivo 3 de Diciembre.
El Senado tratará este jueves la sanción definitiva de la Ley de Discapacidad









