El Poder Judicial de la Nación está en crisis, es el único Poder que parece vivir en las márgenes del sistema republicano”, disparó el presidente Alberto Fernández el 1° de marzo, al inaugurar el 139° período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional, en un discurso que generó múltiples repercusiones.
Aunque para aquellos que a diario recorremos los pasillos de Tribunales esta crisis no es ninguna novedad (aclarándose que desde el mes de marzo del año pasado ya no se puede ingresar libremente a los edificios donde funcionan los Tribunales, sino que se debe contar con turno para ello, un bien sumamente escaso en estos tiempos), lo cierto es que no es habitual que un Presidente se refiera en estos términos a otro poder del Estado. Nos preguntamos si se trata de una nueva embestida contra el Poder Judicial, o bien obedece a una decisión adoptada para transformar un Poder cuya reforma pende desde hace años. Si nos basamos en las palabras del Presidente, parecería tratarse de lo segundo, ya que con el propósito de mejorar la calidad institucional de la República”, le solicitó al Congreso que asuma su rol de control cruzado sobre el Poder Judicial”. Pero ¿en qué consiste concretamente este control cruzado y cómo se va a instrumentar? ¿Este tipo de control no terminará afectando la independencia de Poder Judicial? ¿Es esta la reforma que debe concretarse en la Justicia para mejorar su funcionamiento?
Lo que está suficientemente claro es que la crisis del Poder Judicial es una crisis de confianza. De hecho, la desconfianza de los argentinos para con su sistema judicial se viene incrementado en los últimos años de manera ininterrumpida. Difícil acceso, excesiva lentitud, falta de imparcialidad y sospechas sobre la honestidad y probidad de los funcionarios judiciales son algunas de las críticas que cimentan aquella creciente falta de confianza. Diversas encuestas grafican con números esta desconfianza ciudadana. Así, por ejemplo, según una encuesta realizada por Isonomía y Abogados de pie a fines de 2020, el 79% de los argentinos confía poco” o nada” en la Justicia; el 71% no cree en la independencia del Poder Judicial; y casi 9 de cada 10 tiene una imagen negativa de los jueces. Además, 7 de cada 10 personas cree que la Corte Suprema funciona mal; y el 58% no sabe qué es y para qué sirve el Consejo de la Magistratura. Otro estudio del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, de 2019, puntualiza que la confianza en la Justicia ha ido descendiendo hasta un piso del 7,6% en 2018.
Con semejante nivel de desconfianza es prácticamente imposible pensar en administrar Justicia de manera eficiente, ya que la sociedad percibe con claridad que el Poder Judicial no funciona como debería y esto es un problema mayúsculo para la salud de la República. De no revertirse esta tendencia, llegará un momento en el cual las sentencias serán abstractas, es decir, ya no serán cumplidas porque simplemente nadie creerá en quienes las dictan. Entonces, su valor será meramente doctrinal o testimonial.
La profundidad de la crisis de confianza que atraviesa el Poder Judicial termina socavando las bases mismas de su legitimidad. Esto fue reconocido incluso por el propio Presidente de la Corte Suprema en 2019, cuando sostuvo que la Justicia está frente a un gran desafío institucional, que consiste en superar la crisis de legitimidad”. El punto focal de sus palabras se centró en la crisis de confianza en las decisiones judiciales. La legitimidad del Poder Judicial es esencial, sin legitimidad éste pierde su razón de ser, pues sin ello no puede ser eficaz”, aseguró Carlos Rosenkrantz, y a continuación deslizó que, para empezar a regenerar la confianza es preciso entender que pertenecer al Poder Judicial no es un privilegio, ser jueces o funcionarios judiciales no confiere derechos, sino que impone deberes y responsabilidades. Estamos para servir a la ciudadanía con una particular prestación: el derecho”. Por último, sorprendió al aceptar que no sólo debemos permitir que la ciudadanía y la sociedad civil controlen lo que hacemos, sino que debemos mostrar que lo que hacemos es conforme a reglas establecidas de antemano”.
Curiosamente, a pesar de las diferencias existentes y las publicitadas, encontramos varios puntos de contacto entre aquellas manifestaciones de Rosenkrantz y las del Presidente de la Nación. Ambos refieren a la situación crítica que afecta al Poder Judicial y a la existencia de privilegios que no se condicen con el ideal republicano. Se podría decir que hay coincidencia en el diagnóstico, mas no en los remedios a suministrar para curar esta enfermedad. A los efectos de proponer soluciones, se impone modificar el sistema de designación y remoción de los magistrados y funcionarios judiciales, y para esto se torna indispensable reformular el Consejo de la Magistratura. Por ello, compartimos la iniciativa del Ejecutivo en esta materia, aunque mantenemos nuestras dudas con relación al proyecto de reforma judicial que, en septiembre de 2020, obtuvo media sanción en el Senado de la Nación. Y la misma apreciación nos merece la pretendida intención de crear una Comisión Bicameral para el seguimiento y control del Poder Judicial. Quizás no sean éstas las reformas que se necesitan para consolidar el funcionamiento de la Justicia en nuestro país.
El Judicial no es el único poder que parece vivir en las márgenes del sistema republicano. Los ejemplos abundan: en la órbita del Poder Legislativo, las repetidas delegaciones de facultades legislativas al Ejecutivo, en el marco de distintas situaciones de emergencia, no se destacan por ser prácticas muy republicanas; como tampoco lo son las excesivas atribuciones que se arroga el Poder Ejecutivo para legislar, dictando una batería interminable de decretos de necesidad y urgencia, que han convertido a estas normas en una de las principales fuentes formales del Derecho vigente.
Pero históricamente el Poder Judicial ha sido el que permaneció más alejado del pueblo en las democracias representativas. Sin dudas es el menos democrático de los poderes, y a su vez, el más indisponible y hasta esotérico, por cuanto los mecanismos para ingresar al mismo no son accesibles ni comprensibles para el ciudadano común. Es la herencia viva de un pasado profundo. Acaso por eso el ámbito de lo judicial conserva aún hoy cierto halo aristocrático. Para despojarse de ese halo y tratar de recuperar la legitimidad perdida, creemos que un buen punto de partida sería terminar con los privilegios que rodean a la función judicial, y que exceden largamente la cuestión tributaria. Quienes se encargar de administrar Justicia deben entender definitivamente que son servidores públicos, y como tales, instrumentos de una función estatal imprescindible e indelegable. En una República verdadera no hay lugar para privilegios de ninguna índole.
Por eso, cuanto antes habría que lograr los consensos necesarios para avanzar en la concreción de una reforma profunda del Poder Judicial, pero que no se limite a él sino que comprenda también a los otros poderes del Estado, a fin de recrear su legitimidad democrática tendiendo a fortalecer el sistema de gobierno que prevé la Constitución. De lo contrario, lamentablemente, la periferia republicana terminará siendo nuestra única realidad.
Abogado y docente universitario