En la noche del pasado 5 de abril, policías encapuchados irrumpieron violentamente en la embajada de México en Quito, para detener al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, quien se encontraba refugiado como perseguido político. El hecho se convirtió en un eslabón más de la grave situación que vive el país sudamericano ante una profunda crisis política derivada de la renuncia del ex presidente Guillermo Lasso y el llamado a elecciones anticipadas, en medio de un contexto de crisis social producto del avance del narcotráfico.
Esa invasión significa una afrenta a los principios y valores del Derecho Internacional Público, como así también al orden institucional establecido desde la salida de la segunda Guerra Mundial, que quedó plasmada en las Convenciones de Viena de 1961, sobre Relaciones Diplomáticas; y de 1963, sobre Relaciones Consulares. Ambos instrumentos jurídicos establecen como fundamental el principio de la inviolabilidad del territorio soberano y son una garantía esencial para la seguridad de diplomáticos en el extranjero. Fueron adoptados con la finalidad de lograr, a través de la diplomacia y la cooperación estatal, la estabilidad y la paz internacionales, objetivos deseados por la comunidad internacional luego de los horrores del conflicto bélico mundial.
El hecho tuvo repercusiones instantáneas a nivel político, con condenas de diferentes gobiernos tanto progresistas, como los de Brasil, Chile o Colombia; de izquierda como Cuba, Nicaragua y Venezuela, hasta conservadores como Perú, Paraguay, Uruguay, e incluso la Cancillería Argentina. Asimismo, la OEA inmediatamente repudió lo sucedido a través de un comunicado, en tanto el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se mostró alarmado. EEUU, por su parte, llamó a ambas naciones a resolver sus diferencias de acuerdo con las normas internacionales.
Lo cierto es que México es uno de los referentes a nivel internacional, y cuenta con una larga tradición de asilo político, que puede remontarse al que le otorgó a José Martí en 1875; a Víctor Haya de La Torre en 1923; a León Trotsky en 1937; a Fidel Castro en 1955; a Rigoberta Menchú en la década del 70; a la familia de Salvador Allende con posterioridad al golpe de Estado de 1973; al Sha de Persia luego de la Revolución iraní de 1979; a Manuel Zelaya posteriormente a su derrocamiento en Honduras en 2009; a Evo Morales y decenas de sus funcionarios luego del golpe de Estado de 2019; como así también a miles de perseguidos españoles, argentinos, chilenos o uruguayos que sufrían los avatares de las respectivas dictaduras en sus países. La situación es tan grave que acciones de este tipo no sucedieron ni siquiera durante la larga noche de las dictaduras latinoamericanas. En nuestro país, ni siquiera la dictadura genocida de 1976 llegó a este extremo, ya que permitió que el ex presidente Héctor Cámpora estuviera asilado políticamente en la embajada de México en Buenos Aires desde 1976 hasta 1979.
Las relaciones diplomáticas entre ambos países habían comenzado a deteriorarse con la expulsión, a inicios de abril de la embajadora mexicana, Raquel Serur, en reacción a declaraciones críticas del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, agravándose luego por el asilo otorgado a Glas. Como respuesta al asalto a su embajada, México rompió relaciones diplomáticas, suspendió los servicios consulares en Ecuador y anunció que iniciará acciones ante la Corte Internacional de Justicia y acudirá ante los organismos regionales.
A nivel interno, la ex candidata a la presidencia por el correísmo, Luisa González, pidió la renuncia del presidente Daniel Noboa por considerarlo responsable de un bochorno internacional que pone al empresario bananero aún más en el ojo de la tormenta, en un contexto de descontento social por la inseguridad reinante y polémicas leyes impulsadas por el Ejecutivo, como la que dispuso subir impuestos a la ciudadanía. Noboa, por su parte, respondió justificando las acciones al acusar a México de inmiscuirse en los asuntos internos, al concederle el asilo a Glas, quien había sido condenado en 2017 por hechos de corrupción y liberado a finales del año pasado. La justicia ecuatoriana continuó investigando al ex vicepresidente y solicitó su arresto nuevamente, lo que llevó a Glas a solicitar el asilo.
Lo cierto es que el sentimiento de anarquía que caracteriza a las sociedades actuales a nivel social, económico y jurídico, comienza a reflejarse en el Derecho Internacional, ya que las garantías que la comunidad internacional había consensuado para lograr relaciones pacíficas entre Estados están en un momento de extrema debilidad. Este hecho refleja la crisis que el sistema internacional ideado en la posguerra está sufriendo, ya que, a las acciones unilaterales estatales y la inacción de los organismos internacionales para hacer frente a los conflictos, se le suma aquellas que llevan a una anarquía jurídica internacional y que pueden ser la antesala de situaciones mucho más graves a nivel global.
*Coordinador del Programa de Investigación “Relaciones Internacionales, Derechos Humanos e historia: evolución y retos actuales”- CEA FCS UNC
