Mediante un acuerdo, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba requirió al gobernador Juan Schiaretti la pronta inclusión” en el programa de vacunación para la prevención del coronavirus de 47 jueces federales, jueces de Cámara, secretarios y funcionarios jerárquicos.
El documento fue firmado por Ignacio Vélez Funes, Abel Sánchez Torres, (presidente y vicepresidente de la Cámara respectivamente), Eduardo Ávalos, Graciela Montessi y Liliana Navarro, quienes además de integrar el organismo aparecen encabezando el listado de los magistrados para quienes se solicita la vacunación.
El acuerdo, firmado el 21 de abril, solicita a la Provincia un programa urgente de vacunación para prevención del Covid-19, en razón de la pandemia y la ola de agravamientos de contagios y aislamiento de jueces, funcionarios y empleados que se suceden y que afecta el normal desempeño de la función jurisdiccional”.
El planteo toma en consideración diferentes expedientes que requiere la vacunación del personal judicial mayor de 50 años, pero limita la solicitud de inmunización a un listado de 47 magistrados y funcionarios de alto rango.
El motivo principal refiere a que ese listado de funcionarios resultan diariamente expuestos al riesgo de posibles contagios” ya que cumplen sus tareas de manera presencial. Por esta razón es que solicitan su pronta inclusión” en las prioridades de vacunación.
El mismo documento detalla: por prestar el servicio de administración de Justicia también a favor en su mayoría a ciudadanos de la misma provincia de Córdoba, mal podría entenderse como una solicitud de excepción o de privilegiada distinción respecto de todos los ciudadanos que por igual tienen derecho al acceso y vacunación con motivo de la pandemia en curso”.
Entre los 47 magistrados y funcionarios judiciales incluidos se encuentran cinco jueces de Cámara: Abel Sánchez Torres, Luis Rueda, Eduardo Ávalos, Graciela Montesi y Liliana Navarro. También los jueces federales cordobeses Miguel Hugo Vaca Narvaja (Capital), Carlos Artura Ochoa (Río Cuarto), Roque Ramón Rebak (Villa María) y Sergio Aníbal Pinto (Bell Ville). Los demás son, en su inmensa mayoría, secretarios de Cámara o de los distintos juzgados.
RECLAMO DE JUDICIALES
Por su parte, el gremio de empleados judiciales, quienes también realizan sus tareas de manera presencial, se mostró indignado ante la solicitud de la Cámara que según plantean dispuso por vía indirecta y tácita que el derecho a la vida de los empleados judiciales está en segundo plano”.
La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación calificaba en su cuenta de Twitter como una Vergüenza nacional” la solicitud de vacunación para magistrados y Gabriel Álvarez, integrante del gremio, destaca que el trabajo presencial es la mejor forma de llevar adelante el servicio de justicia pero que dicha modalidad requiere como presupuesto ineludible e insoslayable que TODOS los empleados, funcionarios y magistrados estén vacunados en contra del covid-19”.
En ese marco, el gremio presentó un pedido a la Cámara solicitando que se hicieran las gestiones ante el gobierno de la Provincia para lograr la vacunación de empleados, funcionarios y magistrados del Poder Judicial de la Nación en general.
En similar sentido, el Juzgado 3 y el Juzgado 2 solicitaron lo mismo ateniendose a prioridades con criterio sanitario, es decir, en función de las edades, de la existencia o no de co-morbilidades y del nivel de exposición al riesgo sanitario. Por el contrario, la Cámara en el acuerdo priorizó un criterio jerárquico sobre el criterio sanitario que es el que debe tener supremacía en casos como estos , señaló Alvarez.
Frente al reclamo gremial, el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de la Provincia, Ignacio María Vélez Funes, expresó: se ha dejado a salvo que en modo alguno hubo un criterio de discriminación o selección sino que se aspira este pedido para todos y cada uno del personal judicial de todo rango”.
El pedido no ha sido hecho por intereses particulares sino respondiendo a la situación de jueces con enfermedades prevalentes o comorbilidad, a quienes se les aconseja su pronta vacunación, no es en base a discriminación o a considerar que los jerárquicos estamos primero y los empleados después”, manifestó el magistrado.
Hasta el momento no hubo respuesta del gobierno provincial ante la solicitud del acuerdo, pero según destaca Vélez Funes, se hizo saber a través del Ministerio de Justicia que la solicitud está en consideración.
Por otro lado, aclaró que no se ha incluido en el listado a los integrantes de tribunales orales fiscalías y/o defensorías debido a que la Cámara Federal no tiene jerarquía ni autoridad alguna” sobre tribunales orales, fiscalías o sobre la Defensoría Pública de la Nación.
