Contra los reclamos de la comunidad internacional, el presidente Daniel Ortega terminó de liquidar el proceso electoral de Nicaragua este fin de semana al cancelar la personería jurídica del partido Alianza Ciudadanos por la Libertad (ACxL), la última esperanza de la oposición para enfrentarlo en las urnas. De esa forma, confirmó las denuncias opositoras respecto a la manipulación del proceso electoral y la justicia de su país, que le dejó el camino sentado para una elección a la medida” del mandatario sandinista, sin riesgos ni condiciones de transparencia ni competitividad.
Aunque ACxL decidió anotarse en un proceso considerado como viciado” por la comunidad internacional, sin importar tampoco las críticas de un sector opositor inhabilitado con la cárcel por el régimen, la agrupación representaba el último signo de competencia para los comicios presidenciales. Sin embargo, el Consejo Supremo Electoral (CSE) , controlado por el sandinismo, dejó el viernes sin personería jurídica a la alianza CxL y canceló la cédula de identidad de su titular, Carmella María Rogers Amburn, conocida como Kitty Monterrey, a poco más de tres meses de las elecciones.
Uno de los argumentos para tomar esta medida es que la presidenta de ACxL posee doble nacionalidad —estadounidense y nicaragüense—, algo que sin embargo no es causal para suspender derechos y mucho menos anular a una agrupación política, según la ley electoral. La decisión se suma además a otras medidas previas contra CxL, que ya tenía a dos precandidatos presidenciales detenidos, Arturo Cruz y Juan Sebastián Chamorro, y desde el miércoles pasado en arresto domiciliario a su postulante a vice, la ex modelo Berenice Quezada.
Al inhabilitar a ACxL, la elección en Nicaragua deja a Ortega y su mujer y vice, Rosario Murillo, como candidatos únicos a la reelección, sin contrincantes que le puedan hacer contrapeso. Los seis partidos inscritos son colaboracionistas del régimen y sus candidatos son completos desconocidos para la población. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos consideró así que estas decisiones no están en línea con los estándares de derechos humanos y resultan incompatibles con elecciones libres y justas”.
