Al contrato social, según Michel Foucault, lo define el poder. La sostenibilidad es una nueva palabra en donde se disputa desde su significado, pasando por las verdades aceptadas de su contenido, los comportamientos considerados anormales y lo que puede o no estar prohibido. Así, en esa anomia cada uno la interpreta como le conviene.
Los conceptos asociados a un mundo mejor”, evolucionaron desde la caridad cristiana, la filantropía laica, la ética liberal-protestante, de la doctrina social de la iglesia, la responsabilidad social, la inclusión y, finalmente, la sostenibilidad.
Cuando, en 2001, la crisis de Enron y las puntocom” revelaron la ausencia total de transparencia del mercado de capitales de EEUU, la reacción de las empresas de auditoría que sobrevivieron y sus clientes dieron a luz las normas internacionales de información financiera (NIIF), y nuevas normas de rendición de cuentas sobre aspectos económicos, ambientales y sociales.
Hasta ese momento, la RAE consideraba sustentable” a los argumentos, discursos o relatos, y sostenible” a los procesos y sistemas. A partir de ese momento los consideró sinónimos, haciendo más ambiguos ambos términos, lo que contraría su centenaria tendencia a no hacerlo.
Global Reporting Iniciative (GRI) lideró, desde ese momento, las normas de gestión y reporte de la sostenibilidad empresaria, considerando a todos los públicos que afectaban, o se veían afectados por sus acciones en aspectos económicos, sociales y ambientales.
Para sostener su liderazgo se fue asociando con otras entidades, tales como el Pacto Global de las Naciones Unidas (hoy Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS), el Proyecto de indicadores de Carbono (CDP por sus siglas en inglés), ISO 26.000, y OCDE, bajo los principios de gratuidad, apertura y no certificación de las normas.
Eso produjo que algunas entidades, que proporcionaban normas pagas, certificables o encerradas en un grupo profesional estén produciendo hoy una previsible contrarreforma conservadora.
Así, la fundación International Financial Reporting Standards (IFRS), que promovió las Normas Internacionales de Información Financiera ya mencionadas, se propone, por pedido de sus clientes inversores, impulsar ese movimiento.
Para ello estipula: 1) Reportar solo a los inversores, dejando de lado los otros públicos, como trabajadores, consumidores, la sociedad, etc.; 2) Priorizando aspectos ambientales –aunque menciona que luego lo ampliará a otros aspectos-; que 3) Solo afecten a las empresas, sin considerar por ahora” los problemas producidos por ellas en la sociedad; y 4) Sin alcanzar acuerdos con GRI que es la norma voluntaria, líder mundial, que, en alianza con IFRS, podrían convertirlas en obligatorias.
Para ello, IFRS dice contar con el apoyo de las grandes empresas, las bolsas de valores, la Organización Mundial de Comercio – OMS, directamente involucradas en el negocio financiero y algunas otras que, para acordar, debieran cambiar todas sus premisas y romper acuerdos previos.
No obstante, la Unión Europea (UE) ha establecido normas obligatorias, que incluyen el triple impacto (económico, social y ambiental) con doble materialidad –o sea, reportando los aspectos significativos que afectan a las empresas y lo que ellas producen en la sociedad- para los principales grupos de interés. La duda es que, con sus problemas internos, la UE logre sostener esas normas, que obligarían a IFRS a adaptarse a ellas.
El problema está en que la tendencia empresaria a evitar informar, la falta de obligatoriedad de la emisión de informes de sostenibilidad, y la fuerza de lobby de las empresas –especialmente las petroleras y del carbón de EEUU- expondrán a organismos multilaterales, gobiernos de países, y regiones enteras, ante la alternativa de sostener los sistemas y procesos de rendición de cuentas útiles a sus representados, o someterse a esos poderes fácticos, que han resuelto ignorar la pobreza, la concentración de capitales, sus relaciones con la comunidad y los gobiernos que nos representan.
Para evitar este retroceso absoluto, las Naciones Unidas, sus organismos vinculados (PNUD, Pacto Global, ODS, OIT) la OMC, el G-20, el G-7, la OCDE, el GRI, y hasta el papa Francisco, junto a los Estados y gobiernos, deberán tomar el toro por las astas y procurar hacer obligatoria la rendición de cuentas bajo normas que incluyan todos los aspectos –económicos, ambientales y sociales- que influyan en las empresas y en todos los públicos de interés. En especial, legislando sobre la forma de informar de las empresas, en los mercados de capitales de bonos verdes, sociales y sostenibles, al que las empresas pretenden acceder obteniendo beneficios financieros, de modo que se trate de un mercado transparente, no sometido exclusivamente a las cuestionadas calificadoras de riesgo que debieran ser controladas socialmente en sus criterios y objetividad.
De otro modo, el contrato social –las verdades aceptadas, lo que se considera locura y las palabras prohibidas- y la sostenibilidad, serán definidos por los poderes fácticos que nos han llevado a este mundo insostenible en lo económico, lo ambiental y social.
