El gerente de la empresa Ersa tuvo que salir a desmentir ayer trascendidos periodísticos que ponían en duda la continuidad de la concesionaria en nuestra ciudad, donde se encuentra a cargo del 75% del transporte urbano. “No está en riesgo nuestra continuidad bajo ningún punto de vista”, aseguró Roberto López en una radio local, luego de que fuera consultado sobre las versiones que revelaban la preocupación que existía entre proveedores, trabajadores y usuarios, respecto del futuro de la prestadora en Córdoba.
Los choferes volvieron a realizar asambleas sorpresivas en reclamo del pago de las obras sociales
Ocurre que la empresa, que opera en varias provincias, se encuentra en crisis ante la quita de subsidios por parte de la Nación y la disparada del dólar, que genera un fuerte déficit en la compra de unidades e insumos para sus colectivos. Los choferes de nuestra ciudad -que ayer realizaron nuevas asambleas en las líneas 31, 80, 81, 82, 83, 84 y 85-, vienen sosteniendo una larga lucha por las deudas que la empresa mantiene con el pago de aportes, las cuotas de las obras sociales, y las asignaciones alimentarias. A su vez, el ministerio de Transporte de la Nación incluyó a Ersa en un listado de más de 60 firmas que deben devolver alrededor de 500.000.000 de pesos en concepto de subsidios, según informó el diario Perfil.
Pero López ratificó que la empresa permanecerá tanto en esta capital como en el resto de la provincia hasta 2024, como contempla el contrato de concesión. “No sé de dónde salió esa versión, es totalmente infundada y falsa. Nosotros después de mayo vamos a seguir operando normalmente. No hay ningún tipo de posibilidad de irnos sin que termine el contrato que vence en 2024”, insistió López, quien desmintió la versión que ponía en duda la continuidad de la firma tras las elecciones municipales del 12 de mayo venidero.
“Estamos preparados para cumplir el contrato con todas las circunstancias que atraviesan los distintos gobiernos que hacen que la situación sea cambiante”, agregó el directivo, que si bien admitió que “la cuestión financiera ha sido complicada” por la quita de subsidios y la compra de unidades con un dólar que pasó de 16 a 44 pesos, “estamos en condiciones de operar normalmente”. Eso sí, anticipó que después de los comicios volverán a pedir que se aumente la tarifa.
Por otro lado, la Cámara en lo Contencioso Administrativo de nuestra ciudad estableció el “carácter colectivo” de un amparo presentado por un grupo de usuarios del transporte urbano en contra de la Municipalidad, solicitando la nulidad del decreto que dispuso un aumento del 12 % del costo del boleto a partir del 10 de junio de 2018 (Nº 1614).
