La fundación Greenpeace, por el cuidado del ambiente, alertó que modificar la Ley de Glaciares implicaría un retroceso significativo en la protección de las reservas de agua más importantes de la Argentina, en un contexto marcado por la profundización de la crisis hídrica y climática. Así lo advirtieron especialistas, organizaciones ambientales y referentes científicos durante el debate legislativo del proyecto que propone cambios sobre la Ley 26.639, una norma considerada pionera a nivel mundial y clave para la seguridad hídrica del país.
Los glaciares y el ambiente periglacial constituyen una de las mayores reservas de agua dulce del planeta. Aunque solo el 3% del agua global es dulce, más del 70% de ese volumen se encuentra congelado. Estos cuerpos cumplen un rol estratégico: almacenan agua en invierno y la liberan de manera gradual en verano, alimentando ríos y arroyos de cuencas de montaña. Además, contribuyen a la regulación climática al reflejar radiación solar y amortiguar el aumento de temperaturas, un factor crítico en un escenario en el que 2024 y 2025 fueron los años más cálidos jamás registrados.
Argentina es uno de los países más dependientes del agua proveniente de glaciares. Según datos oficiales, el país cuenta con casi 17.000 glaciares inventariados en 12 provincias, que alimentan 36 cuencas hídricas sobre una superficie superior al millón de kilómetros cuadrados. Más de 7 millones de personas viven en cuencas abastecidas por glaciares y ambiente periglacial, especialmente en regiones que integran la Diagonal Árida Sudamericana, donde el agua es naturalmente escasa.
El retroceso de estas masas de hielo ya es evidente. De los 50 principales glaciares del Campo de Hielo Sur, 48 se encuentran en retroceso. En los Andes Desérticos, desde Jujuy hasta el norte de San Juan, la superficie glaciar se redujo un 17% en la última década, mientras que en los Andes Centrales cayó un 36% entre 1986 y 2020. En ese contexto, los glaciares de escombros y el ambiente periglacial cobran especial relevancia: pueden almacenar entre el 35% y el 70% de hielo y, en zonas áridas, llegar a sostener entre el 25% y el 50% del caudal de los ríos durante períodos de sequía.
La Ley 26.639, sancionada en 2010 y declarada constitucional por la Corte Suprema en 2019, establece a los glaciares y al ambiente periglacial como bienes públicos y reservas estratégicas de agua. Prohíbe actividades que puedan dañarlos, como la explotación minera e hidrocarburífera, ordena la elaboración y actualización del Inventario Nacional de Glaciares y, desde su entrada en vigencia, permitió proteger áreas que iban a ser afectadas por al menos 44 proyectos mineros.
El nuevo proyecto de modificación propone, entre otros puntos, delegar en las provincias la definición del valor hídrico de glaciares pequeños y de amplias zonas periglaciales. Para organizaciones ambientales, esta iniciativa es inconstitucional y contradice el principio de presupuestos mínimos ambientales establecidos en el artículo 41 de la Constitución Nacional.
Durante la Reunión Plenaria de las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable; Minería, Energía y Combustibles Fósiles, Agostina Rossi Serra, de Greenpeace, advirtió: “Los cambios propuestos a la Ley de Glaciares son inconstitucionales. Vulneran gravemente las garantías de presupuestos mínimos que brindan la Constitución Nacional, la ley General del Ambiente y acuerdos internacionales de carácter constitucional como Escazú”.
En la misma línea, sostuvo que “trasladar la autoridad de aplicación a las provincias, rompiendo el carácter nacional de los presupuestos mínimos ambientales establecidos por la Constitución Nacional, y someter a evaluación discrecional el valor hídrico integral de glaciares y el ambiente periglacial, es una medida absolutamente regresiva”. También alertó que “las provincias no pueden oficiar de juez y parte. Se trataría de decisiones sumamente discrecionales que las mismas provincias encargadas de velar por la protección de estos cuerpos de hielo sean, a su vez, las que ejerzan presiones para desarrollar actividades productivas sobre glaciares y ambiente periglacial”.
Rossi Serra remarcó que “el Congreso tiene la oportunidad de defender la protección de los glaciares y del ambiente periglacial y de no retroceder en lo ya establecido, honrando el compromiso que asumió al respaldar esta ley como política de Estado”. Y agregó: “La modificación de la ley además ignora y vulnera gravemente los compromisos tanto nacionales como internacionales asumidos por Argentina para enfrentar la crisis climática, debilita la coherencia de nuestra política ambiental y expone a las reservas estratégicas de agua a un riesgo que el país no puede permitirse. No hay desarrollo posible si se recortan las bases de protección que garantizan seguridad hídrica y estabilidad para las comunidades y ecosistemas”.
Desde Greenpeace Argentina también subrayaron el carácter pionero de la norma. “No existe en la región una ley que cuente con tal alcance de protección para los glaciares y el ambiente periglacial y por ello deberíamos sentir orgullo. Sin embargo, la intención de modificar esta norma pionera vuelve a movilizar a la ciudadanía, asambleas y organizaciones civiles que hicieron posible su sanción y hoy tienen que salir nuevamente a defenderla”, afirmó la especialista.
Finalmente, la organización advirtió sobre las consecuencias de avanzar con la reforma. “Sin glaciares, la vida en el planeta es inviable. No podemos permitir que toquen la Ley de Glaciares: implicaría una condena al agua de los argentinos. Degradar la norma sería ceder a presiones que no representan el interés de la sociedad. Argentina ya eligió una vez proteger sus fuentes de agua: hoy la ciudadanía tiene la oportunidad de reafirmarlo. Cuidar los glaciares no es frenar el desarrollo: es asegurar que el país tenga agua para sostenerlo”.
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