En el marco de la 7ª Jornada Nacional del Reciclaje, organizada por la Cámara de Industrias Plásticas de Córdoba (CIP), especialistas del ámbito público, privado y académico coincidieron en la necesidad de que el reciclaje de plásticos en Argentina deje de depender exclusivamente del esfuerzo voluntario y se consolide como una política obligatoria a nivel nacional.
El encuentro, realizado en la ciudad de Córdoba, reunió a representantes de la industria, recicladores, técnicos, funcionarios y organizaciones ambientales con el objetivo de impulsar la economía circular, fortalecer la gestión de residuos y promover la transformación ambiental.
Durante el panel “Desafíos globales de impacto local”, Verónica Ramos, directora ejecutiva de Ecoplas, presentó cifras que reflejan el avance del reciclaje en el país: en 2023 se recuperaron 327.000 toneladas de plástico, cinco veces más que hace dos décadas. El índice de reciclado de plásticos, elaborado junto a CAIRPLAS, indica que en 20 años se reciclaron 4 millones de toneladas, generando más de 13.000 empleos en 140 empresas distribuidas en 19 provincias. Sin embargo, Ramos advirtió que estos logros responden en gran parte a iniciativas voluntarias, cuya capacidad de crecimiento se está viendo limitada.
Por su parte, Federico Gauna, fundador de la organización ambiental Ecolink, planteó una visión crítica del actual modelo, destacando la necesidad de políticas públicas que institucionalicen la práctica del reciclaje. “Hace falta política de Estado para que reciclar deje de ser una opción voluntaria y se convierta en una obligación. El sistema actual, aunque valioso, ha llegado a su límite”, afirmó. Gauna también convocó a las empresas a innovar con propuestas sostenibles que contribuyan activamente a mitigar el impacto ambiental, y subrayó la importancia de escalar las buenas prácticas existentes mediante herramientas legales y tecnológicas.
Ambas organizaciones coincidieron en que el interés social por el reciclaje es alto, pero aún enfrenta obstáculos estructurales. Aunque el 64% de los ciudadanos separa residuos reciclables, un 83% de quienes no lo hacen aseguran que lo harían si tuvieran más información o infraestructura. Esta brecha evidencia que el esfuerzo individual no alcanza sin un sistema articulado y accesible para todos.
En este sentido, Ecoplas impulsa una Ley Nacional de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), inspirada en marcos regulatorios ya aplicados en Europa y países como Chile, Brasil y Uruguay. El proyecto, trabajado junto a la Dirección Nacional de Industria Sostenible, ya fue ingresado en la Cámara de Diputados y busca organizar el circuito del reciclaje con responsabilidades claras para cada actor de la cadena.
Tanto desde Ecoplas como desde Ecolink se remarcó que un sistema de reciclaje sostenible requiere inversión en infraestructura, formación técnica, innovación empresarial y un marco normativo claro y robusto. Iniciativas como el ecodiseño, la ecoetiquetación o la Certificación de Contenido de Plástico Reciclado –una herramienta desarrollada junto al INTI que valida un mínimo del 15% de plástico reciclado en productos– son valiosas, pero insuficientes para lograr escala nacional sin una legislación que las acompañe.
La jornada concluyó con una posición compartida: educar, informar y promover la conciencia ambiental es crucial, pero avanzar hacia la obligatoriedad del reciclaje es el paso necesario para generar un impacto ambiental, económico y social profundo y duradero, integrando a toda la sociedad en una responsabilidad compartida.
