Nayib Bukele, presidente de El Salvador, ha vuelto a estar en los primeros planos de las críticas durante los últimos días. El mandatario subió a su cuenta de Twitter un video de estilo cinematográfico, donde se mostraba a miles de presos en cuclillas, semi desnudos y con la cabeza rapada. Lo hizo para “festejar” que iban a ser trasladados a una nueva “híper moderna” cárcel de máxima seguridad, construida en apenas siete meses, con el objetivo de alojar a más de 60.000 miembros de pandillas -como la Mara Salvatrucha- o presuntos pandilleros detenidos en el último año, tras la instauración del llamado “régimen de excepción” (presentado en marzo de 2022, y prorrogado ya diez veces, siendo la última extensión, hasta ahora, en enero pasado).
El “regimen de excepción” implica que las fuerzas de seguridad pueden detener arbitrariamente, y sin avisar a sus familiares ni a abogados, a personas “sospechadas” de integrar pandillas en el país. Esto otorga poderes prácticamente ilimitados a los policías, que ya han sido acusados de abusos y asesinatos extra judiciales.
Mientras tanto, Bukele se ufana de reducir la criminalidad a los niveles mas bajos en décadas en El Salvador. Lo cierto es que, de acuerdo con cifras oficiales, el país registró 496 homicidios en 2022, 57% menos que los informados en 2021. Fue la cifra más baja desde la llegada de Bukele al poder, en 2019. Más allá de las críticas de la oposición respecto de la supuesta falsedad de estos datos, es verdad que la popularidad del presidente se mantiene cercana al 80%, mientras que casi el 90% de los salvadoreños dice aprobar su lucha contra las pandillas. Esto hace que el gobierno se entusiasme con mantener y extender el “régimen de excepción”.
Bajo esta situación legal se extendió el plazo de detención administrativa, es decir, sin causa, de 72 horas a 15 días, al mismo tiempo que se suspendió el derecho de libre asociación y se permite a las autoridades intervenir la correspondencia y los celulares personales de los sospechosos. También es visto con preocupación por parte de los organismos de Derechos Humanos el trato que se le da a los presos sin causa. Se encuentran encerrados en pequeñas celdas, donde reciben dos comidas al día y les fueron retiradas las colchonetas para dormir.
¿Cómo se explica que una abrumadora mayoría de salvadoreños apoye este retroceso en las garantías básicas y las libertades individuales? La política de seguridad de Bukele viene desde el comienzo de su mandato; el presidente llegó al gobierno en 2019, mostrándose como un líder joven, activo en redes sociales y ajeno a la política tradicional (a pesar de haber sido alcalde de San Salvador entre 2015 y 2018, al frente de una coalición integrada por el FMLN y el Partido Salvadoreño Progresista). En 2015, El Salvador tenía una de las tasas de homicidios más elevadas del mundo, con 103 cada 100.000 habitantes, producto, especialmente, de las pandillas conocidas como Mara Salvatrucha o MS-13, que habían pactado una supuesta tregua con el gobierno en 2012. A partir de un programa que Bukele denominó “Plan de control territorial” para desterrar a las maras de las zonas del país que controlaban, logró bajarlo a 17,6 cada 100.000 para 2021, lo que le valió una popularidad sin precedentes y una “carta blanca” para avanzar en medidas polémicas, como el “régimen de excepción”.
Bukele también ha sido criticado por su autoritarismo y conductas anti democráticas. Él mismo ironiza con esto: en 2021 había escrito en su biografía de Twitter que era “el dictador más cool del mundo mundial”.
Sus relaciones con la Administración Biden sufrieron un deterioro tan fuerte como vertiginoso. A diferencia de con Donald Trump, nunca pudo encontrar sintonía con el presidente demócrata, y permanentemente amenaza con acercarse cada vez mas a China para desafiar a Washington.
En 2021 también había anunciado la adopción del bitcoin como moneda de curso legal en el país, siendo el primer Estado del mundo en hacerlo, al mismo tiempo que manifestó la intención de establecerla como la principal divisa, algo que tuvo el rechazo de más del 90% de los salvadoreños, a diferencia de su lucha contra las pandillas. La apuesta no salió bien para el presidente ya que desde que Bukele adquirió los primeros activos, éstos se depreciaron en mas del 70%.
Básicamente, el principio del gobierno es que todo aquel sospechado de estar o haber formado parte de una pandilla debe ser detenido, sin importar cuáles fueron los delitos concretos que cometió. Un enfoque que recuerda al del positivismo italiano del siglo XIX, donde no importaban los hechos cometidos por el reo sino su supuesta peligrosidad. En ese sentido, sería interesante ver qué está haciendo (o no) el gobierno para abordar las causas subyacentes de la violencia y la delincuencia, en lugar de simplemente enfocarse en la represión y la detención masiva de presuntos delincuentes. Los individuos sospechados de cometer delitos deben ser procesados y juzgados de acuerdo con la ley y el debido proceso, y no simplemente detenidos de manera preventiva en base a su supuesta peligrosidad, ya que esto puede llevar a la detención arbitraria y violaciones de los Derechos Humanos. Todo indica que Bukele continuará con sus políticas de excepción mientras se mantengan los impresionantes indices de popularidad de su gobierno. No obstante, es problemático, ya que sugiere que Bukele puede estar más interesado en mantener su poder y popularidad que en garantizar el estado de derecho.
