A finales de la semana pasada, en la Cámara Décima del Crimen, y en un juicio abreviado, fue condenado un conocido corredor inmobiliario, Carlos Ariel Rubio, a 4 años y 8 meses de prisión por el delito de estafas reiteradas. La modalidad impone un acuerdo entre los defensores y el fiscal con la confirmación de los jueces pero sin la participación de la querella.
Debemos recordar que en los últimos años reventaron como pororó las causas por estafas inmobiliarias, millonarias en la gran mayoría de los casos. De hecho, en las dos fiscalías de Delitos Complejos continúan investigándose varias, que involucran a desarrollistas famosos, que antes de morder la manzana de la serpiente se presentaban como constructores de élite para una Córdoba del futuro.
Por supuesto, esas promesas se perdieron en el bidet y el resultado final fueron cientos de damnificados que no sólo perdieron miles y miles de dólares que jamás van a recuperar, sino el esfuerzo y los sueños de tener la casa propia, que en innumerables casos era la primera para parejas jóvenes ilusionadas en el inicio de un camino compartido.
Lo cierto es que con el tiempo que ya pasó preso y con la condena recibida, Rubio se apresta a recuperar la libertad. También fueron condenados a 3 años de prisión (pero en suspenso) su esposa, Andrea Vargas, y el cuñado, Ángel Vargas. Para el anecdotario quedarán más de 40 estafados y dos edificios no construidos o levantados parcialmente, con departamentos valuados en 50.000 dólares, como mínimo.
La conclusión de estas historias es bastante agorera para los perjudicados: pierden la plata y, encima, los malos reciben condenas exiguas. Uno de los afectados resumió la sensación que los embargaba tras conocer el fallo con sabor a poco: «Nos sentimos unos idiotas».
Despareja
Cuando un delincuente roba una bicicleta, por ejemplo, puede ser condenado a 5 o 6 años de cárcel. Si el delito fuera calificado o el ladrón un reincidente, la pena podría incluso ser mayor. Por eso llama la atención que alguien que estafa por millones de pesos a un montón de gente que de buena fe compró departamentos u otros inmuebles, reciba condenas que, al menos en la apariencia, sean vistas como leves.
La semana pasada contábamos en El ojo de Horus sobre una «trampa» en la Ley Tributaria, que beneficia a evasores que, de la noche a la mañana y por el solo aumento del monto límite que divide lo penalmente reprochable de una falta administrativa, pasan a ser personas honorables que saldarán sus deudas con la Afip en cómodas cuotas.
En cambio, quien robó una bicicleta será condenado sin contemplaciones con el único beneficio de una admisión pronta de su delito y alguna reducción en la pena. Como una marca de nacimiento, no sorprende escuchar que la balanza de los Tribunales suele calibrarse según las conveniencias, con una vara bien diferente a la hora de castigar a pobres y ricos. Es como si algunos jueces y fiscales se olvidaran de lo que nuestra Constitución Nacional establece claramente en su artículo 17: «emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial».
Desde el sentido común –además- vale la pregunta sobre cómo un ladrón callejero puede recibir una condena tanto o más dura que un estafador, capaz incluso de quedarse con lo robado. Seguramente el espíritu de la Ley guarda la sanísima intención de una Justicia igualitaria sin importar el color de la piel, la condición social o económica, los apellidos o las religiones. A la hora de los bifes, sin embargo, la Justicia, a veces, termina siendo despareja.
