El barro de los zapatos de los jueces
Recuerdo a un ex juez, ya jubilado, que decía que a muchos de ellos les faltaba barro en los zapatos. Aseguraba que tantos juicios y libros, a veces les quitaban el precioso panorama de la calle, de los barrios, de las villas, de los lugares donde vivían y se ganaban las vidas los imputados por distintos delitos, y que ellos debían juzgar y eventualmente condenar.
La semana pasada, la Cámara Cuarta del Crimen absolvió a un hombre que estuvo preso casi dos años, acusado por un abuso que no cometió. Este sujeto, un trabajador de condiciones muy humildes, había sido denunciado por una vecina que creyó ver una situación de abuso oral, en la que la víctima era la propia hija. Sin embargo, estos dichos fueron contrastados por toda la prueba científica, desde la cámara Gesell hasta los análisis de ADN. Así y todo, lo mantuvieron recluido en la cárcel de Bouwer.
Como si fuera poco, ya en el juicio, el fiscal Raúl Gualda pidió que sea condenado a 10 años de prisión. Afortunadamente, la defensora oficial, Alfonsina Muñiz, pudo demostrar la inexistencia del hecho y entonces los jueces hicieron lo correcto: para condenar a un reo, se necesitan certezas y no meras especulaciones.
Ahora bien, ¿Es posible imaginar lo que debe ser estar un día preso de manera injusta en una cárcel superpoblada y con el rótulo de abusador? Este hombre estuvo alrededor de 700 días. Pero ¿cómo pudo ser? ¿en qué falló se basó el Poder Judicial para cometer semejante injusticia?
Aquel ex juez también decía que pretender «una ley pareja para todos, era una utopía». Afirmaba que no pocas veces encarcelar o condenar a los más marginados y humildes, «era más fácil».
Inaccesible
Desde que asumió como nuevo fiscal general de la Provincia, hasta el pasado 31 de marzo, Juan Manuel Delgado había mostrado una actitud huraña y esquiva, sobre todo para los tiempos que corren.
Es verdad que cada funcionario es un sujeto cultural con un perfil propio, como todas las personas, pero también es verdad que existe una obligación implícita de trabajar de cara a la sociedad, y de comunicar al menos, los actos más significativos, por ejemplo, los vinculados con la salud pública y las cuestiones de género, entre otros.
Hace algunos días, de rebote y gracias a una queja expresada por la concejal Laura Vilchez, del Frente de Izquierda, los cordobeses nos enteramos de un dictamen de Delgado, también refrendado por uno de los fiscales adjuntos, Pablo Bustos Fierro, en relación a un amparo con cautelar contra la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), una ley nacional aprobada por el Congreso y sostenida, además, por el artículo 75 de la Constitución Nacional.
Llamativamente, este dictamen del 3 de agosto no fue publicado ni informado de modo alguno.
En este contexto, vale recordar, importe o no, que el Poder Judicial en general no está pasando por un buen momento. Cualquier encuesta responsable muestra que una parte importante de la población descree o no confía en este servicio esencial para la vida en el Estado de Derecho. Las causas de esta discordancia son múltiples, y seguramente la altanería, solemnidad y situación privilegiada de varios magistrados contribuyen a mantener esta relación distante, que no es nada saludable para nuestra democracia.
Qué apropiado sería, entonces, que el fiscal general Delgado saliera de tanto en tanto de su despacho, para visitar los distintos tribunales, y también para hablar con periodistas de todos los medios, para explicar y rendir cuentas de su quehacer. Lamentablemente hasta ahora, el doctor Delgado ha elegido el hermetismo y se mantiene inaccesible para la gran mayoría de la prensa. Imaginen entonces cuán lejos debe estar de la gente.
