Legítima defensa versus fusilamiento
Pasaron ya seis años del crimen de un joven ladrón en la intersección de la avenida Colón y Sagrada Familia. Rodrigo Sanchez de 16 años, recibió impactos de bala por la espalda disparados por el oficial de la guardia de Infantería Lucas Carranza. Ocurrió en horas del mediodía del sábado 19 de septiembre del 2015.
Según confirmaron luego las pericias químicas, Carranza estaba drogado con cocaína, marihuana y benzodiazepina. El policía abrió fuego de manera alevosa luego del robo de una cartera por parte del joven asesinado. Para esclarecer lo ocurrido, fue crucial lo sucedido con el ladrón cómplice de Sanchez, Leonardo Sanabria, condenado en el 2018 por la Cámara Sexta por robo simple. En ese proceso quedó claro que los delincuentes estaban desarmados y que por lo tanto no existió ningún enfrentamiento.
La fiscal que investiga el crimen, Jorgelina Gutiez, intentó sobreseer al policía por entender que actuó en cumplimiento del deber. Sin embargo, el testimonio del entonces comisario Gonzalo Cumplido sobre un supuesto enfrentamiento se debilitó tanto que creció la sombra de otro gatillo fácil con un posterior intento de encubrimiento.
La ley es clara más allá de algunas interpretaciones antojadizas. Un delincuente debe ser detenido y juzgado. Jamás asesinado sin contemplaciones por un funcionario policial. La única excepción es cuando realmente existe un enfrentamiento que habilita una legítima defensa.
La pregunta es entonces: ¿Cuánto tiempo más deberá pasar para que Carranza sea juzgado?
Shenka
Pocas vivencias deben ser tan traumáticas como un violento robo domiciliario. Que desconocidos irrumpan en la intimidad de un hogar con fines furtivos, en medio de gritos y amenazas, deja una marca imborrable para siempre. En la Cámara Tercera del Crimen, comenzaron a juzgar a Jonathan Allende y Alexis Figueroa, dos de los cinco ladrones que cometieron un inolvidable robo a una familia de Villa Esquiú. La acusación es la de robo calificado por el uso de armas de fuego.
El hecho ocurrió el 10 de noviembre del 2019 alrededor de las 21 horas, y las víctimas fueron el presidente de la Cooperativa de Arbitros de Córdoba, Marco Cabrera, su compañera Ivana Martorana, y la hija de ambos, Narela Yael de 19 años. A Cabrera lo llevaron a un dormitorio y lo golpearon con patadas y culatazos exigiéndole dinero. A la esposa, la hicieron arrodillar mientras la amenazaban gritándole: » el dinero, los dólares, esto es una batida …».
Es así como los malhechores obtuvieron más de $ 150.000 y las llaves de una camioneta en la que cargaron un montón de electrodomésticos, zapatillas y ropa. Por supuesto, también se llevaron todos los teléfonos celulares, así como los documentos y tarjetas de débito y crédito. Finalmente se llevaron a la mascota de la familia, una perra cachorra ovejero alemán color negra con el pecho marrón y manchas en las patas. Nunca se supo más nada de la perrita Shenka.
