Al archivo, borrón y cuenta nueva
Mientras muy de a poco se reacomodan el estrépito social y la espuma mediática por la muerte de los bebitos en el Materno Neonatal Ramón Carrillo, el fiscal Raúl Garzón avanza puntillosamente con la investigación y jugando un partido de ajedrez, especialmente con los defensores de Brenda Agüero. Los abogados Luis Obregón y Luis Pareja lograron que se antepusiera la declaración indagatoria de la enfermera a la pericia interdisciplinaria psiquiátrica psicológica, y así poder ingresar al expediente para ver las pruebas que involucran a la principal implicada. Por ahora, posibles nuevas imputaciones por omisión de los deberes de funcionario público están en la gatera de las posibilidades. El ex ministro de Salud provincial, Diego Cardozo, continúa siendo un firme candidato si finalmente se confirma que en vez de denunciar penalmente lo que sucedía, optó por avalar que se realice un sumario interno.
Pero la semana pasada, una derivación provocó mucho ruido en Tribunales Dos. La denuncia de Garzón a su par Guillermo Gonzales, quien supuestamente en mayo pasado ya había sido consultado por el abogado Alejandro Escudero Salama – supuesto emisario de Cardozo- sobre bebitos con pinchazos raros en el nosocomio. Esta situación fue revelada por el director de los forenses, David Dib, quien también fue consultado en mayo sobre la extraña situación. Ocurre que el Código Procesal Penal indica que un fiscal debe de oficio promover acción penal al tomar conocimiento de un delito.
Un tercer fiscal, Iván Rodríguez, es ahora el responsable de dilucidar si Gonzales sabía que había bebitos fallecidos y dejó pasar su obligación de investigar y, de este modo, también probablemente de salvar las vidas de neonatos que fallecerían pocas semanas después. En principio, Gonzales habría sido consultado por los «pinchazos» y qué debían hacer las autoridades desde el Ministerio de Salud, pero no habría sabido sobre las muertes de los recién nacidos. Claro que esta investigación no aparenta resolverse en breve, y si Rodríguez llegara a encontrar pruebas, deberá pasar la causa a la jueza de control Anahí Hampartzounian. Contradiciendo las expectativas del conventillo interno, un sabiondo recordó un viejo éxito bailantero e –irónicamente- se atrevió a cambiarle la letra Al olvido… por Al archivo, borrón y cuenta nueva.
Pobre familia Basaldúa
El pasado 1 de julio, en Cruz del Eje, terminó el juicio por el crimen de Cecilia Basaldúa con la absolución del único acusado, el albañil Lucas Bustos, quien estuvo preso durante un par de años por orden de la fiscal de Cosquín, Paula Kelm, responsable de una investigación muy discutida y criticada. De hecho, la propia familia de Cecilia, la abogada querellante Daniela Pavón y el representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Gerardo Batiston, siempre dijeron que Bustos era un perejil y que al asesino había que buscarlo por el lado de Mario Mainardi, en cuya casa la víctima se alojó en los días previos al crimen, en abril de 2020. Además, la sospecha siempre involucró a policías de Capilla del Monte.
De hecho, cuando en el juicio llegaron los alegatos, la única duda consistía en el pedido del fiscal Sergio Cuello, quien a pesar del raquitismo de la prueba, solicitó la condena a prisión perpetua para Bustos. Algunos lo interpretaron como un pedido corporativo para cubrir a la instructora. Claro que, en el veredicto, el pedido del fiscal no cosechó ni siquiera un voto ya que por unanimidad los ocho jurados populares y los dos jueces técnicos votaron por la absolución. El fallo también pidió a la Fiscalía General que se designe un nuevo fiscal que retome la investigación para llegar al esclarecimiento del hecho.
Sin embargo, de modo sorpresivo, el fiscal Cuello resolvió presentar una casación ante el Superior Tribunal de Justicia, para que revise la sentencia. Así las cosas, ahora se volverá a perder otro tiempo valioso, ya que hasta que el Alto Cuerpo no resuelva, no será designado el nuevo fiscal y la causa se estancará en un impasse cuasi vergonzoso y por tiempo indeterminado. Es verdad que Cuello podía apelar, pero con un fallo en contra por unanimidad y con la familia de Cecilia rogando por una nueva investigación, la decisión del fiscal es otra bofetada a las víctimas. No hace falta decir que el paso del tiempo conspira fuertemente contra el hallazgo de la verdad y máxime con un crimen tan embarrado y enmarañado que remite a la incómoda pregunta: ¿Qué habrá detrás de todo esto? Por eso, y como una lamentación, bien corresponde decir: «Pobre familia Basaldúa».
