CINCO AÑOS DE IMPUNIDAD
Por estos días, se están cumpliendo cinco años del femicidio de Cecilia Basaldúa en Capilla del Monte. Fue exactamente el 25 de abril del 2020 cuando su cuerpo fue encontrado a la vera del río Calabalumba, cerca de un basural. Antes de ser asesinada, Cecilia había sido abusada y la presunción de su familia es que el o los autores contaron con la ayuda de la policía local para desaparecer y alterar pruebas, y también de una muy deficiente investigación que llevó adelante la fiscal Paula Kelm de Cosquín.
Cecilia tenía 35 años, era oriunda de la ciudad de Buenos Aires y de hecho había pasado las fiestas de fin del año 2019 junto a sus padres en el barrio porteño de Núñez. Cuatro años antes, había armado su mochila y a dedo, se había ido a recorrer Latinoamérica. Vivió experiencias fantásticas en lugares como el Amazonas y publicó muchas de esas experiencias y fotos, con la intención de escribir un libro para compartir lo más importante de lo mucho que había vivido. Cecilia gozaba de buena salud, sabía cuidarse, era cinturón negro de taekwondo y había integrado la selección argentina de hockey sobre hielo.
Fue el 4 de abril del 2020 cuando habló por última con su mamá y le contó que había conseguido un lindo lugar para vivir, con una hermosa vista del Cerro Uritorco. Pudo poner su carpa en el jardín de Mario Mainardi, un vecino del pueblo, quien curiosamente recién el 7 de abril denunció la desaparición de Cecilia. Llamativamente, Mainardi dijo que Cecilia se había ido con “un brote psicótico” dejando su celular, computadoras y otras pertenencias en la carpa.
Lo cierto es que el juicio que se realizó a mediados del 2022 fue un auténtico fiasco en el que pretendieron condenar a un joven campesino de 21 años, Lucas Bustos, algo así como un “perejil” para quien incluso, el fiscal Sergio Cuello, había pedido la condena de prisión perpetua. Tan grosero resultó el proceso que los padres de Cecilia y la abogada querellante Daniela Pavón pidieron la absolución de este muchacho con quien pretendieron ocultar la verdad.
Como en un sainete difícil de comprender y luego del fallido juicio, comenzó a investigar el ex fiscal Nelson Lingua, quien luego debió abandonar el cargo al no aprobar el examen para ese puesto judicial. Tras la nueva vacancia, ahora será el turno de la futura fiscal Sabrina Ardiles y el clamor es que retome la investigación haciendo foco en Mainardi y en otros presuntos involucrados. Por lo pronto, mañana a media tarde habrá una marcha en Capilla del Monte reclamando ni más ni menos que se descubra la verdad y se haga justicia. Ya pasaron cinco largos años de impunidad.
¿QUÉ FUE?
La muerte de Guillermo Bustamante, de 39 años, el pasado 24 de marzo y luego de un altercado en una estación de servicios de Villa Páez, ha generado una discusión jurídica muy interesante, más allá de la fatalidad del hecho y del impacto político, dentro y fuera de la Policía de Córdoba, tras la detención de cinco efectivos acusados inicialmente por homicidio calificado. Recordemos que Bustamante fue a cargar combustible y se habría negado a pagar. Entonces el estacionero llamó a policías conocidos que trabajan en la zona, quienes concurrieron y lo redujeron. Sin embargo, estas maniobras derivaron en el fallecimiento de Bustamante.
Inicialmente, el fiscal Guillermo González dispuso la detención del subinspector Marcos Altamirano, del oficial ayudante Nicolás Bulacio y del cabo Juan Martín, por ser presuntos coautores de homicidio calificado, que prevé la única pena de prisión perpetua. También fueron encarcelados el oficial inspector Walter Perfumo por encubrimiento y el sargento Mariano Córdoba por omisión de cumplimiento de deberes de funcionario público. Ahora bien, la autopsia al cuerpo de Bustamante y el análisis toxicológico confirmaron el hallazgo de restos de cocaína y de etanol en su cuerpo y un corazón hipertrofiado, a pesar de ser un adulto joven. Con estas pruebas, el fiscal modificó la acusación a homicidio preterintencional y alivió muchísimo la situación procesal de los policías involucrados, quienes recuperaron la libertad.
Sin embargo, las diferencias de enfoque persisten, porque desde la querella afirman que Bustamante fue maltratado y que esa situación le provocó stress y la posterior muerte. Entienden que fue un hecho intencional y que los policías actuaron por fuera del protocolo y que por lo tanto debe mantenerse la imputación inicial. Para el fiscal, en cambio, habría habido algún maltrato por parte de los efectivos, pero nunca la intención de provocarle la muerte, que sobrevino por la condición de la víctima. Para las y los defensores de los policías, en cambio, “los de azul” actuaron correctamente en la aprehensión y deberían ser sobreseídos.
Como se puede apreciar, la discusión está abierta y seguramente así llegará esta causa al juicio oral y público. ¿Los policías maltrataron a Bustamante?, ¿El stress generado por la detención provocó su muerte?, pero ¿Qué tipo de homicidio fue entonces? Son sólo algunas preguntas que se pueden resumir jurídicamente en una sola… ¿Qué fue?
