Real o no, muchos argentinos decimos que vivimos en «el país de las coimas», esto es, de esas dádivas y sobornos que algunos pagan y otros cobran, para hacer algún favor u obtener algún beneficio. Según los lingüistas, el origen de esta palabra tan pronunciada en estas tierras se deriva de la portuguesa cooymha, que a su vez surge del latín calumniare, o sea, engaño. Sin embargo, algunos historiadores no descartan que haya nacido en el lunfardo porteño a partir del apellido del marino estadounidense John Coe, quien mantuvo un bloqueo al puerto de Buenos Aires entre 1852 y 1853 contratado por Urquiza, pero que levantó luego de recibir una muy estimulante cantidad de oro y otros valores que pagaron terratenientes bonaerenses, y que quebraron su compromiso con quien sería el primer presidente constitucional de la Argentina.
A propósito de los coimeros, hace algunos días la Cámara Segunda del Crimen condenó al ingeniero civil Omar Guzmán Vera a tres años de cárcel condicional, más la inhabilitación para ejercer su profesión por el mismo lapso de tiempo, por siete casos de estafas reiteradas (aunque hubo varios hechos más que no fueron denunciados oportunamente por otras víctimas). La jueza Mónica Traballini lo condenó también a cumplir tareas comunitarias en la fundación del Padre Mariano Oberlin en barrio Müller. El juicio fue abreviado por un acuerdo que cerraron el defensor y el fiscal Gustavo Dalma.
Los hechos delictivos se remontan a las graves consecuencias que dejaron las tormentas del año 2015 en las Sierras Chicas con la destrucción de muchas viviendas. Para contribuir a la reparación de las mismas, el Gobierno provincial firmó un convenio con el Colegio de Ingenieros Civiles, que a su vez subcontrató a Guzmán Vera para que hiciera un minucioso relevamiento que permitiese precisar los diferentes aportes dinerarios necesarios para la reconstrucción. Si bien este ingeniero cobró $ 2.450 por cada inspección, según confesó luego al declararse culpable aprovechó la ocasión para, demás, «recaudar» un 10% de los montos que muchos damnificados recibieron del Estado. Así las cosas, y si bien hubo una condena, un escrache social y hasta un pedido de perdón por parte del acusado, algunos denunciantes se retiraron de la audiencia con la cara larga porque tenían mayores expectativas a la hora del castigo. Para ellos, este largo proceso terminó con «gusto a poco».
