Una mancha más
De tanto en tanto (para no decir muy seguido), en la Justicia Federal de Córdoba ocurren hechos insólitos, sorprendentes y hasta desopilantes. Algunos duran casi nada, como una cañita voladora, y otros se convierten en un fertilizante ‘power’ para el conventillo de alguna gente que en la torre del Parque Sarmiento se entretiene llevando y trayendo. De todos modos, lo sucedido hace algunos días con un empleado (escribiente) del Juzgado Federal 3 es definitivamente grave.
Según la investigación del juez Bustos Fierro y del fiscal Casas Nóblega, fue Nicolás Aramayo Sánchez quien le hurtó el celular a un compañera de trabajo, para luego ingresar a su ‘home banking’ y transferir alrededor de 500.000 pesos a al menos otras tres cuentas. Cuando la víctima se dio cuenta del faltante de su aparato la localización la llevó urgente a su oficina y efectivamente el teléfono apareció escondido detrás de una heladera, en el mismísimo juzgado.
Descubierta la maniobra, el presunto delincuente reconoció el hecho, devolvió el dinero sustraído y en el marco de una conciliación se disculpó. Sin embargo, los intentos de ocultamiento y encubrimiento quedaron al descubierto gracias a una publicación de la periodista María Ester Romero. Por estas horas, quienes cultivan un humor cavernoso se deleitan haciendo circular ‘stickers’ de Whatsapp con la imagen de Aramayo Sánchez (sobrino del juez Sánchez Freytes y hermano de un importante funcionario de una fiscalía).
Las leyendas de estos ‘stickers’ dicen: «¡¡¡Una aiuda!! ¿No tiene un home banking que me dé?», y otro: «¿¿Me das tu home banking$$?». Mientras tanto, y a la par del sumario administrativo, la imputación de hurto se podría agravar por el robo del dinero y su posterior transferencia, que en definitiva pareciera ser lo más osado que hizo el acusado. Por supuesto, quienes sufren por el impacto que este ilícito provoca en la imagen de la Justicia Federal intentan resignarse exclamando un añejo dicho popular… ¿Qué le hace una mancha más al tigre?
No hubo ninguna tormenta
El 28 de marzo de 2017 un tormentón con un aguacero pocas veces visto castigó la zona de Villa Parque Santa Ana, entre Alta Gracia y nuestra ciudad y provocó, entre otras consecuencias, un desborde en la planta de residuos tóxicos de Taym (Grupo Roggio) y la contaminación del Canal Los Molinos-Córdoba con desechos y basura peligrosa.
En aquella oportunidad, el gobernador Juan Schiaretti desempolvó una extraña palabra del diccionario y dijo que habíamos estado a «un tris del desastre ecológico y ambiental».
La investigación judicial se enfocó en la ausencia de medidas preventivas y las eventuales responsabilidades sobre lo ocurrido. De hecho, el fiscal Peralta Otonello imputó inicialmente al presidente de Taym, Alberto Verra; al gerente y apoderado, César Ripsky; y a la responsable técnica, María Aráoz Ferrer. Sin embargo, el año pasado el juez de Control Claudio Lasso dictaminó la prescripción de la causa y el sobreseimiento de los acusados, algo que fue confirmado hace algunos días por la Cámara de Acusación. En relación a posibles funcionarios involucrados, el fiscal Anticorrupción Franco Mondino ya había archivado la acción preparatoria.
No hace falta decir que, en Córdoba, por estos tiempos, el tema ambiental no pareciera importarle demasiado ni a la autoridades políticas ni judiciales. El freno de los juicios por fumigaciones ilegales y la destrucción del poco monte autóctono que queda son las más palmarias demostraciones. Sin embargo, hubiera sido saludable discutir lo de Taym en un juicio. Queda claro que ganó el cajoneo y la prescripción. En todo caso, tal vez debamos agradecer que a nadie se le ocurrió sacar una resolución diciendo: «No pasó nada… Aquí no hubo ninguna tormenta».
