Hace algunos días, en la Cámara Tercera del Crimen se llevó adelante la audiencia preparatoria para el juicio de la causa conocida como “Bomberos”, con diez acusados de integrar una asociación ilícita que cobraba coimas para habilitar de modo irregular el funcionamiento de diferentes comercios y negocios en nuestra ciudad.
Está previsto que el juicio comience el lunes 2 de noviembre y podría ser bastante más corto de lo previsto, si finalmente la mayoría aceptan la propuesta del fiscal Marcelo Hidalgo para que reconozcan los cargos a cambio de una morigeración de las penas. Recordemos que el principal acusado es Gustavo Folli Pedetta, quien fue jefe de Bomberos y subjefe de la Policía provincial.
Según la investigación realizada por el fiscal Guillermo González, los hechos ocurrieron entre los años 2008 y 2023, e involucraban a bomberos y a empleados municipales que colaboraban y cobraban, y a empresarios que pagaban. De hecho, ya tres imputados admitieron sus participaciones y fueron condenados: los bomberos Eduardo Rivadero y Marcos Luquez y el municipal Leandro Rodríguez.
La propuesta del fiscal Hidalgo abarca a todos los imputados: para Folli Pedetta (jefe de asociación ilícita, falsedad ideológica, aborto sin consentimiento de la persona gestante, amenazas y coacción y violencia de género) 6 años y 8 meses de cárcel; para el también ex jefe de bomberos Sergio Sosa, 6 años y 4 meses; para otro ex jefe, Julio Zárate, 6 años y 6 meses; para el empleado de la firma Cyre S.A Javier Olmedo, 4 años de prisión; para los ingenieros Mario García, 3 años y 8 meses y Félix Calama, 3 años y 6 meses. Para el ex chofer de Folli, Leonardo Gorocito 3 años y 4 meses; para la bombera Mónica Barrionuevo 3 años y 3 meses, y para los empresarios Marcos Gennaro y Miguel Amil 3 años de cumplimiento efectivo. Ahora los acusados y sus abogados deberán resolver antes del 13 de octubre, si aceptan este ofrecimiento del fiscal o si prefieren defenderse e intentar sostener la inocencia que declaman.
De lo que podemos anticipar, es que la mayoría de los imputados estarían dispuestos a levantar sus manos a cambio de penas “con premio”. Si así fuera, el juicio podría durar bastante menos de lo previsto. De este modo serían Bomberos abreviados… y condenados.
ESTAFADORES Y ASOCIADOS
La semana pasada fue declarada la quiebra de la empresa desarrollista Márquez 4 Elementos SRL, integrante del grupo MROZPABAR Desarrollos SA, conocida con el nombre comercial de Márquez y Asociados e investigada por miles de estafas inmobiliarias en Córdoba y otros lugares del país. Según consideró la jueza Ana Izquierdo, la sociedad es insolvente y no puede afrontar sus deudas.
La magistrada confirmó que los inmuebles declarados ya están embargados, inmovilizados por medidas cautelares y transferidos a terceros. Ahora se inicia un largo proceso en el que los muchos acreedores intentarán recuperar al menos algo de lo perdido. La SRL había sido creada en el año 2017 para ocuparse de la financiación de terrenos y la compra de inmuebles.
En lo que respecta a la causa penal que investiga el fiscal Enrique Gavier, hace algunos días fueron detenidas tres empleadas: Laura Stancov, Inés Gutiérrez Lazcano y Florencia Páez. La imputación es la de presunta asociación ilícita en calidad de integrantes. Recordemos que ya están detenidos Ariel, Juan Pablo, José y Lucas Márquez, Ramiro Nieva, Fabio Ferrari y Gerardo Wenetz, organizadores y miembros.
De todos modos a la instrucción todavía le queda un largo trecho, con miles de víctimas que entregaron millones de dólares para comprar casas que nunca tendrán. Incluso, varios abogadores defensores reconocen que más allá del grado de presunción que deberá luego probarse en un juicio, la prueba reunida hasta el momento es abundante y confirma que tal como ha ocurrido en otras resonantes estafas inmobiliarias, estas maniobras fraudulentas habrían sido planificadas por un grupo selecto de los Márquez. En relación a los damnificados que esperan cobrar algo de la quiebra, irán como acreedores quirografarios, o sea que deberán esperar que primero cobren los empleados, proveedores y acreedores privilegiados.
En los últimos años, las estafas inmobiliarias se multiplicaron en Córdoba como hongos después de la lluvia, por lo que no habría que descartar sorpresas futuras. De hecho, en Santa Fe ya hay denuncias en contra de la empresa Pilay, con ahorristas que denunciaron no haber recibido lo pactado. En este caso son miles de ahorristas que pagan durante 20 años para tener un departamento. Pilay además opera comercialmente en Uruguay, Entre Ríos y Córdoba. Al menos acá y por ahora, no se conocen reclamos. Volviendo a Márquez, hace algunos días y en Tribunales, uno de los miles de damnificados descargó su bronca con resignación: “Ya está. Perdimos. Parecían serios, pero eran unos turros. Eran ‘Estafadores y Asociados’”.
