La investigación que el fiscal Guillermo González lleva adelante sobre los ordenanzas de Tribunales Dos, detenidos por presuntas estafas reiteradas, sigue provocando sorpresas, escozor y comentarios, propios de una comunidad pequeña de funcionarios y trabajadores acostumbrados a cruzarse y verse, como mínimo, semanalmente. Por estos días están alojados en la cárcel de Bouwer Sergio Guerrero, Pablo Esnaola y Carlos Moreno, acusados de pedir dinero y lotes a la esposa de un detenido, que picó el anzuelo de «coimearlos» para lograr la excarcelación de su marido. Un cuarto, imputado pero no detenido, es hijo de Moreno y quien habría comprado un terreno a Guerrero.
El conocimiento de información sensible más la ocasional atención en barandilla y pasillos, hace que quienes trasladan expedientes puedan, a veces, tener acceso a causas judiciales y también a la desesperación de alguna persona, como le sucedió a la víctima de esta historia. La seguidilla de estafas a esta mujer comenzó en mayo de 2021 con un pedido y pago de $ 60.000. A los pocos días se produjo otra entrega de US$ 300. Las mentiras iban desde adelantar la fecha del juicio a mejorar las pruebas o hacer prescribir denuncias en contra del preso. Así, se pactó un tercer pago de $ 80.000 y ya en diciembre de 2021, un cuarto de US$ 500. El dinero habitualmente era pagado en el domicilio del imputado o en la estación de servicios de la intersección de Pueyrredón y Vieytes.
También a finales del 21, justo cuando el marido de la víctima fue condenado a 4 años y 3 meses de cárcel por la Cámara Doce, se concretó una quinta entrega de US$ 1.500, supuestamente para casar la sentencia y aprovechar alguna amistad en el Superior Tribunal de Justicia. Ya en abril de 2022, la desesperanzada mujer le transfirió a Guerrero tres lotes ubicados en el departamento Cosquín. En diciembre último se produjeron otras dos estafas por US$ 300 cada una, totalizando ocho en total. Finalmente, en febrero de este año el pedido para «sobornar» al juez de ejecución penal Cristóbal Laje Ros fue de US$ 8.000. La mujer, harta de estas maniobras, no soportó más tanto desasosiego y concurrió a Tribunales para encontrarse con el propio magistrado. Fue allí que se descubrió el ardid y se presentó la denuncia.
El acervo popular dice que «la tercera suele ser la vencida». Sin embargo en este caso, las mentiras duraron casi dos años, y para la víctima, se triplicó el calvario: recién fue la novena.
