¿Mala praxis en la construcción?
La caída de una parte importante de la “pared piel” lateral del edificio María Reina V sobre un hostel y un bar ubicados en Bv. San Juan 673 de barrio Güemes, ha provocado una conmoción muy fuerte por el saldo trágico de la muerte de Ramiro Alaniz Cortés de 34 años, pero también porque pudo haber sido mucho peor ya que otras siete personas sufrieron heridas por esa “bomba” que cayó del cielo. Pero…¿Por qué en la noche del sábado 17 de mayo pasado sucedió algo tan terrible que en teoría no tuviese que haber pasado? La fiscal María Celeste Blasco avanza con la investigación penal mientras urge la remediación de esa mampostería solapada, de un buen pedazo que no se desprendió de la parte superior y de otro aún más grande -supuestamente con mejor sostén en su base- y que llega hasta la mitad de la pared. En estas tareas están trabajando la Municipalidad con Defensa Civil y el consorcio del edificio que tiene ochenta departamentos. Ahora bien, más allá de la prueba testimonial y documental recogida por la fiscal, la pericia que harán profesionales de la Universidad Tecnológica, será fundamental para determinar las causas del desprendimiento, más allá del fuerte viento que soplaba en ese momento y que superaba los 70km/h. Por supuesto, un dato llamativo es que se trata de un edificio relativamente nuevo, que comenzó a construirse en el año 2010 y que fue entregado en el 2013 por la constructora Fito SRL. En el terreno estrictamente penal, en principio habría delitos culposos como homicidio y lesiones, salvo que haya existido alguna intimación o advertencia y que haya sido desoída, lo cual podría agravar la o las futuras imputaciones. Pero aún, la instrucción de la causa es muy prematura y seguramente se sumarán los reclamos civiles de las víctimas y damnificados. Por lo pronto, surgen preguntas elementales sobre “el anclaje” de ese revestimiento a la pared de la estructura y que por lo que se puede ver, no fue revocada ni tratada desde el punto de vista hidrófugo. Estas “paredes piel”, habitualmente hechas con “bobedillas o cuartoneros”, o sea ladrillos más angostos, tienenfines estéticos y deben estar muy bien pegadas a la pared de la construcción. De lo contrario, y si no hubiera una adecuada aislación hidrófuga, se podría filtrar agua y eventualmente dañar el pegamiento y producir fisuras y desprendimientos. También, y entre otras dudas, surgen las relacionadas a los controles y al mantenimiento y si esto que ocurrió con este edificio se puede repetir en otros de nuestra ciudad. Por lo pronto, una primera pregunta sobre las causas es si existió o no una mala praxis en la construcción.
Platos Rotos
Hay denuncias que generan mucho ruido y estrépito mediático en la opinión pública. El 5 de diciembre del año pasado, el gremio de los gastronómicos (Uthgra) conducido en Córdoba por el interventor Juan Rousselot y por el inefable Luis Barrionuevo en ámbito nacional, denunció penalmente a la lomitería Di Metro por trabajo esclavo y privación de la libertad de 27 trabajadores en depósitos ubicados en barrio Villa Adela. Rápidamente se distribuyeron fotos y videos de esta situación supuestamente espantosa que mostraba una heladera grande obstruyendo una puerta, lo que en principio era una prueba fulminante de graves violaciones laborales. Además, aquel día también participaron del operativo inspectores del Ministerio de Trabajo, y desde la Municipalidad se sumaron con una breve clausura preventiva de esos depósitos por supuestas falencias en la higiene y la seguridad. El dueño de la franquicia, Pablo Gerchunoff hacía lo posible en ese momento por desmentir la grave denuncia y decía que eran víctimas junto a los trabajadores, de “una mano negra”. De igual modo los empleados defendían al dueño y decían que eran “una familia”y que lo que estaban haciendo desde el gremio era pura difamación.
En Tribunales, en tanto, fue el fiscal Luis Miceli quien se hizo cargo de la investigación, y de entrada nomás advirtió que la denuncia tenía pinta de “carne podrida”, lo que a la postre pudo confirmar en una investigación diligente que terminó con el archivo de la causa por inexistencia del supuesto delito. Mientras tanto, todo lo ocurrido provocó serios perjuicios patrimoniales y personales tanto al dueño como a los trabajadores, ya que esa fuente laboral finalmente cerró sus persianas. Dicho de otro modo, las consecuencias fueron letales para quienes se ganaban la vida en esa lomitería. Muy probablemente, el dueño como principal afectado, debe tener certezas o presunciones de quienes y porqué generaron semejante escrache. Por supuesto es entendible su decisión final; ocurre que en la vida la tranquilidad vale oro y entonces es razonable despejar el camino y no ponerse a tiro de “pillos y bandidos” que juegan sucio con total impunidad. Al fin y al cabo, y después de todo lo sucedido…¿Quién paga los platos rotos?