El paso del tiempo jamás podrá borrar el crimen de Valentino Blas Correas y el impacto que en la historia social y judicial causó semejante gatillo fácil, suceso que los jueces y jurados populares tradujeron correctamente como un «hecho de violencia institucional». Vale recordar que el pasado 31 de marzo terminó el juicio en la Cámara Octava del Crimen con dos policías absueltos y once condenados, entre ellos Lucas Gómez y Javier Alarcón, con la pena de prisión perpetua. La sentencia fue tan categórica que el fiscal del fuero anticorrupción Franco Mondino deberá ahora investigar una segunda instancia, por los posibles delitos de otros policías pero también sobre la actual jefa de la Fuerza, Liliana Zarate, y ex funcionarios del Ministerio de Seguridad como el ex titular del área Alfonso Mosquera.
Pero el Tribunal también dispuso el pago de una importante suma de dinero por las demandas civiles que las víctimas presentaron y que, si bien no fueron satisfechas en su totalidad, la suma asciende -entre lo que debían pagar los condenados y la Provincia como máxima responsable- los $ 246.359.099,69. Suele suceder que ante resoluciones de esta magnitud, y otras, el Gobierno presenta casaciones y los eventuales pagos tienden a demorarse.
Dicho de otro modo, la Provincia generalmente pelea el dinero a depositar y lo hace con uñas y dientes. Pero en este caso, y a menos de cuatro meses de la finalización del proceso, las órdenes de pago ya fueron libradas y sin ninguna objeción. Se obedeció el veredicto sin la menor resistencia, poniendo en evidencia que la decisión política era cumplir en lo que dijeran los jueces e intentar dar vuelta la página. Como dijo un avezado abogado penalista que participó en el juicio, «Nunca vi que la Provincia pagará tan pronto; sin vueltas y más rápido que un bombero».
