Los genocidas de la dictadura no pudiesen haber cometido tantas atrocidades, si no hubieran contado con una brutal complicidad de sectores civiles, eclesiásticos, empresariales, periodísticos y judiciales. Por lo tanto, no sorprende que víctimas y sobrevivientes recuerden a funcionarios de aquella Justicia Federal rechazando hábeas corpus a mansalva y, al mismo tiempo, participando en el armado de causas contra secuestrados y detenidos que no sólo eran sometidos a «Consejos de Guerra» en tribunales militares que siempre los condenaban, sino que después de «blanqueados» y sacados de la clandestinidad, se las tenían que ver con jueces que generalmente los acusaban de subversivos aplicándoles la figura penal de moda que era la de la asociación ilícita.
Hace algunos días, y en el décimo tercer juicio al Terrorismo de Estado en Córdoba, Cristina Guillén de Palazzesi contó cómo secuestraron a su marido Rubén en agosto de 1979 y cómo lo mataron en la tortura, para luego carbonizarlo dentro de un auto quemado para fraguar un intento de fuga. También a ella se la llevaron al D2 de la Policía, a la UP 1 de barrio San Martín y finalmente a Devoto en Buenos Aires, para recién liberarla en enero de 1984, cuando ya había asumido Alfonsín, primer presidente de la Democracia recuperada. Cristina contó entre tantas cuestiones, que el condenado juez Miguel Puga le armó una causa judicial junto a su secretario, el ya fallecido Luis Rueda, de quien dijo visitaba los cuarteles para instruir a los militares sobre cómo tenían que hacer con las acusaciones. También mencionó al ex juez Becerra Ferrer y al defensor oficial, Luis Molina. Recordemos que en nuestra ciudad se pudo hacer el Juicio de Los Magistrados y que próximamente será nuevamente juzgado el ex camarista Carlos Otero Álvarez, presuntamente mal absuelto en aquel proceso.
Sin embargo, las complicidades judiciales casi no fueron condenadas y, tal vez por ello, varios magistrados y fiscales del actual Poder Judicial sostienen rémoras de aquellos viejos tiempos, en los que la Constitución valía cero, y lo importante era perseguir y encarcelar opositores y gente a la que se le podía «sacar algo». Lo cierto es que en nuestro Poder Judicial, puntal de la República, el tiempo transcurre más lento, tanto que algunos parecieran no haberse enterado aún del Nunca Más. Será por eso, tal vez, que siguen aferrados al Nunca Menos.
