Ribeiro: inteligentes estafas en familia
Todo está listo en la Cámara Décima del Crimen para el inicio del juicio al arquitecto Jorge Ribeiro y a varios integrantes de su familia, acusados de presunta asociación ilícita y de estafar por cifras millonarias (estimadas en alrededor de 15.000.000 de dólares), a un montón de compradores de departamentos en pozo, en los promocionados emprendimientos RAE, que se iban a construir sobre la avenida Pueyrredón, cerca del puente Santa Fe y también uno en Villa Carlos Paz. Por supuesto, estas unidades habitacionales no fueron entregadas y, en su gran mayoría, jamás construidas.
Según la investigación que lleva adelante el fiscal Enrique Gavier el organizador y conductor de estas maniobras delictivas fue el propio Jorge Ribeiro, muy bien ayudado por su yerno Carlos Castro, como el otro jefe de la organización. Castro habría también decidido el destino de los fondos que ingresaban a la empresa Ribeiro Construcciones SRL. Mientras que Georgina y Ana Ribeiro (hijas de Jorge), captaban a los clientes y su hermano, Tomás Ribeiro, habría manejado las finanzas, contratando proveedores y recibido los pagos de los damnificados. En tanto, Natalia Meossi, esposa de Tomas y también arquitecta, habría elaborado proyectos y firmado planos con su suegro Jorge. Participó además de este entramado el contador Guillermo Taberna, quien entre otras tareas armó los balances internos y para los Fideicomisos. De todos los imputados, tres de ellos ya admitieron los hechos y fueron condenados a penas efectivas en un juicio abreviado inicial: Natalia Meossi a 3 años y 4 meses, Tomas Ribeiro a 4 años y Taberna a 3 años y 2 meses. Todos los demás acusados serán juzgados a partir de los próximos días.
Según consta en la causa, la presunta estafa habría sido casi perfecta: detrás de la fachada de una familia sólida, prometedora y confiable, se consumaron incontables engaños y defraudaciones con un tremendo perjuicio patrimonial a las víctimas. De confirmarse totalmente las pruebas, se demostrará una vez más que, si bien las condenas sean casi iguales, la diferencia entre los ladrones de gallinas y los de guantes blancos es abismal. Pero además, reforzará un añejo consejo para quienes gustan apropiarse de lo ajeno: «Para robar, hay que robar bien». En el caso de Ribeiro, todo parecería indicar que fueron unas muy inteligentes estafas en familia.
Basta de perritos y tangos
Cuarenta años no son nada y al mismo tiempo pueden ser un montón, sobre todo si contextualizamos esos años en la vida política, social y económica de un país como Argentina. De hecho, la nueva Democracia cumplirá cuatro décadas a finales del próximo año, aún con recuerdos muy frescos del presidente Raúl Alfonsín recuperando la institucionalidad y ya con más de las dos terceras partes de nuestra población actual nacidas y nacidos a partir del 10 de diciembre de 1983.
Sin embargo, las fuerzas de seguridad que tuvieron un protagonismo central -junto a muchos cómplices civiles- durante la última dictadura, parecieran no haberse acomodado aún a los modos de convivencia que exige un sistema republicano, muchas veces proclamado por los mismos que lo apedrean. Durante aquellos años de tanto terror, los grupos de tareas secuestraban, robaban, violaban, torturaban y mataban desapareciendo a las víctimas o bien haciéndolas quedar como las culpables. En la causa UP1, Videla-Menéndez, se probó que 30 presos políticos fueron acribillados a balazos por supuestas fugas inexistentes. También simulaban enfrentamientos denominados «ventilador», en los que las víctimas quedaban peor que coladores mientras que ningún represor sufría ni un mínimo rasguño. En ese marco, era común plantarles armas a personas que ellos asesinaban para explicar a la prensa que los muertos les había disparado antes. En la jerga de aquella policía del D-2 (el grupo más temible) y del Comando Radioeléctrico, esa maniobra se denominaba «plantar un perrito», nombre que siguieron usando incluso en los tiempos del gobernador Ramón Mestre, cuando el genocida “Tucán” Yanicelli llegó a ser casi el jefe de la Fuerza.
Por estos días, en la Cámara Octava trece policías son juzgados por el crimen de Valentino Blas Correas, ocurrido el 6 de agosto del año 2020. Al igual que a Güere Pellico en Los Cortaderos y a tantos más, le dispararon y lo mataron por la espalda, sumando otro caso al Gatillo Fácil cordobés. Con el «mocazo» consumado, la agente Wanda Esquivel fue quien habría recibido la orden de su superior Quevedo, de buscar un arma trucha o «tango» (según la nueva jerga), y plantarla, como si hubiera pertenecido a los ocupantes del vehículo tiroteado. Luego simularon un rastrillaje en la Ciudad Universitaria, como si el revólver hubiera sido arrojado allí. Con el juicio en marcha, ojalá los fiscales Hidalgo y López Villagra puedan acusar a todos los eslabones de esta cobarde cadena de encubrimiento, incluso si llegara hasta algún escritorio no involucrado todavía.
Seguramente ser policía no es fácil. Sin embargo, que todavía hoy haya efectivos que sostengan conductas perversas y ominosas es algo inadmisible. Los responsables políticos deberían darse cuenta finalmente que la formación de una policía profesional y democrática se impone… Basta de perritos y tangos.
