En agosto del año 2019 la Justicia de Córdoba fue noticia nacional cuando la Cámara Novena condenó a prisión perpetua a Fabián Casiva, quien mató a la joven trans Azul Montoro, aplicando además el agravante de violencia de género. El veredicto fue unánime e inédito, y se correspondió con la prolija instrucción que había hecho en su momento el fiscal Guillermo González.
Así, para la relegada y estigmatizada comunidad LTGBIQ se trató de un hecho histórico, en el que el Código Penal fue parejo como manda nuestra Constitución.
Sin embargo, hace algunos días y en los tribunales de Villa Dolores, Matías Farías fue absuelto por la duda y por mayoría de la acusación de homicidio en tentativa de la joven trans Maxim Tabaris. Farías sólo resulto condenado por intentar agredir a la policía durante la investigación.
Maxim fue golpeada brutalmente en 2013, presuntamente por Farías y un sobrino menor de edad prófugo, y con serio riesgo de perder su vida por los traumatismos sufridos fundamentalmente en su cabeza.
El juicio llegó diez años después, con llamativos meandros durante el proceso y con pérdida de pruebas. Pero además, desde el mismo inicio, el tribunal integrado por el ex-policía Carlos Escudero, Sergio Ponce y Pablo Cabral, impidió el ingreso a las audiencias de integrantes de la Mesa Permanente de Derechos Humanos de Traslasierra y de la propia víctima, satisfaciendo un pedido en tal sentido del defensor Juan Bastos. Se trató de un juicio «raro y a puertas cerradas», con el pretexto de evitar influencias sobre los jurados populares.
En los próximos días se conocerán los fundamentos del fallo, y seguramente el querellante Germán Romero Marcón apelará para que la sentencia sea revisada por el Superior Tribunal. En relación a la conducta del Tribunal, quedó la sensación que los jueces no se desprendieron de sus prejuicios y propiciaron una revictimización de quien como mínimo tenía que manifestarse sin presiones; además de ser cuidada como toda ciudadana que busca una justa reparación en un Estado de Derecho.
Así como para la justicia provincial lo ocurrido en el juicio por el asesinato de Azul Montoro fue un paso adelante, da la impresión que lo sucedido recientemente con lo de Maxim Tabaris fue un paso atrás.
