Finalmente, el gobierno nacional dio el visto bueno para enviar el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y su tratamiento en el Congreso. Un gesto audaz, antes que finalice el año y de cara al entrante, que estará signado por nuevas demandas sociales. Pese a la expectativa de los movimientos feministas, al haber sido promesa de campaña en 2019, el entorno del presidente Alberto Fernández pasó meses en silencio a raíz del contexto signado por la inesperada emergencia sanitaria global que emergió por el nuevo coronavirus. Sin embargo, el pasado lunes por la noche la secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, rompió el silencio y hasta le puso fecha para el tratamiento del proyecto: «Es oficial. El Presidente enviará el proyecto de ley en el año 2020, en el mes de noviembre, y será incorporado en el temario de extraordinarias», detalló en declaraciones ante la prensa.
La funcionaria nacional recordó que se trata de un compromiso de campaña electoral” del Presidente, que ratificó en su discurso inaugural de las sesiones parlamentarias el 1 de Marzo de este año y cada vez que fue consultado». Asimismo, indicó que junto con el proyecto de IVE mandarán una iniciativa llamada Plan de los Mil Días”. Con esta propuesta, los esfuerzos estarán puestos en acompañar a las infancias sus primeros tres años de vida, y a las mujeres madres. «Nuestro propósito es también llegar a las mujeres de nuestro país en situación de vulnerabilidad social, en la etapa que más necesitan de la presencia del Estado: durante el embarazo, nacimiento, puerperio y primeros años de crianza”, dijo Ibarra.
Salud pública
Uno de los argumentos en contra de la legalización es plantear un escenario hipotético con un sistema sanitario colapsado, a raíz de la concurrencia de mujeres a los nosocomios públicos. Ante este planteo, Ibarra remarcó que al aprobar la IVE se desestresa el sistema, porque se acaba con la afluencia de mujeres que llegan con abortos mal practicados donde corre riesgo su vida o su salud”. Es una falacia”, sentenció y agregó: «En los abortos clandestinos peligra la vida de las mujeres o queda complicada su salud».
El debate por la legalización del aborto voluntario lleva décadas en el país. Este 2020 la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, Seguro y Gratuito cumplió 15 años desde su formación. En 2006 presentó el primer proyecto elaborado por cientas de voces de activistas feministas. Tras conseguir el aval en la Cámara de Diputados y la negativa en el Senado durante 2018, en 2019 se volvió a presentar por octava vez. Se busca la despenalización de la interrupción en las primeras 14 semanas de gestación, y más allá del plazo cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer, y en casos de violación. Además de profundizar la educación sexual y mayor acceso a métodos anticonceptivos. Según cifras de la Campaña cerca de 500.000 mujeres recurren cada año al aborto clandestino”.
Más allá de la clandestinidad, las mujeres abortan. Si bien la interrupción voluntaria es ilegal, no es así con la interrupción legal del embarazo (ILE), pese a los vaivenes y trabas que impulsan organizaciones que abogan por la clandestinidad.
Acorde al artículo 86 del Código Penal y ratificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo F.A.L.” del año 2012, el aborto es legal si representa un riesgo para la vida de la persona gestante, para el bienestar físico, emocional y social de la persona gestante o si es producto de una violación.
Los cuerpos de las mujeres
La política está en el encuentro, más allá de las decisiones de gabinete. Así lo entienden las integrantes de la Campaña, que este último mes organizaron y llamaron a participar en diversas iniciativas: desde las redes sociales hasta intervenciones en espacios públicos y movilizaciones -con los protocolos de bioseguridad correspondientes- en decenas de ciudades del país. Recientemente, algunas referentes fueron amenazadas. Tal es el caso de la escritora Claudia Piñeiro, la filósofa Diana Maffía, y las periodistas Ingrid Beck y Noe Barral Grigera, quienes fueron acosadas en redes sociales y hostigadas en espacios públicos.
La demanda de las feministas es sobre el primer territorio que poseen las mujeres: el cuerpo. Quienes amenazaron a las feministas citadas enviaron mensajes intimidatorios contra el cuerpo de las mujeres. El territorio de batalla es el cuerpo.
Las violencias sobre las mujeres se ejercen en diversos espacios. Como supo explicar reiteradas veces la activista y urbanista Ana Falú: El cuerpo es el primer territorio que debemos conquistar. Sin ese primer territorio, que es el cuerpo, es muy difícil que podamos apropiarnos de la ciudad”.
El no reconocimiento de la decisión de las mujeres sobre sus cuerpos es una violencia ejercida contra ellas, que es practicada en muchos países. Solo el 36% de las mujeres viven en países donde la interrupción voluntaria del embarazo no es criminalizada, según el Centro de Derechos Reproductivos. En América son: Uruguay, EEUU, Cuba, Canadá, Barbados, Belice, Guyana y Puerto Rico. En cambio, en las antípodas donde ni siquiera está permitido el aborto aún si llegara a peligrar la vida de la madre, si existieran malformaciones fetales o en casos de violación, se encuentran República Dominicana, El Salvador, Haití, Honduras y Nicaragua.
Mercado clandestino
Sinceremos el discurso, acabemos con la hipocresía de una clase dirigente que sabiendo que las más pudientes podían acudir a los abortos seguros, las menos pudientes estaban condenadas a la infección o a la muerte”, dijo el recientemente fallecido político y artista Fernando Pino” Solanas durante el debate del 2018, año cuando el Senado rechazó la legalización de la IVE.
Esta causa esta noche tiene un pequeño descanso, pero en poquitas semanas todas de vuelta de pie. Si no sale hoy, el año que viene vamos a insistir. Y si no sale el año que viene, insistiremos el otro. Nadie podrá parar a la oleada de la nueva generación. Será Ley, habrá Ley contra viento y marea”, cerró su discurso. Casi como un presagio, entre la promesa y la demanda de justicia social, con todas las personas gestantes presentes.