Las medidas tomadas para minimizar la expansión del coronavirus en el país harán que la Superliga Argentina de Fútbol (SAF) le diga adiós, por lo menos en forma provisoria, al pretendido juego limpio (fair play) financiero, uno de los leitmotiv en la hora de gestación de la nueva organización.
El tema es claro. Horas después de hecho público el aislamiento social preventivo y obligatorio para intentar mitigar el impacto de contagio del coronavirus, las autoridades de la Superliga redactaron un borrador para cambiar algunas disposiciones, en medio de la suspensión de la actividad del fútbol profesional.
De este modo, Marcelo Tinelli, actual titular de San Lorenzo y a su vez presidente de la apuntada organización (tras la renuncia presentada por Mariano Elizondo), llevó la voz cantante de la Mesa Directiva y presentó una propuesta para «suspender provisoriamente» el denominado Fair play financiero y los controles reglamentarios.
Es decir, uno de los ítems que se transformó en piedra basal para la conformación de la estructura Superliga, allá por noviembre de 2016, ahora será dejado de lado con argumentos de estricta índole sanitaria.
La medida de «suspender todos los plazos previstos en los diferentes reglamentos de la Superliga», se extendería, en principio, hasta la reanudación oficial de la competencia futbolística.
En virtud del avance de la pandemia del coronavirus desaparecerán los «controles reglamentarios» que hacían que, por ejemplo, cada institución participante presentase una suerte de libre deuda mensual para seguir gozando de los beneficios de la SAF.
La pretendida inflexibilidad de la nueva organización que rige los destinos de los clubes de primera división amenazaba castigar a los que «no cumplen las reglas». Pero hubo un capítulo fallido ya en junio pasado, cuando quedaron en suspenso las sanciones de quitas de seis puntos a cada uno a San Lorenzo y Huracán «por incumplimientos al reglamento de licencias de la Superliga»
Dos meses antes, los dos clubes en cuestión habían sido castigados. Pero el Tribunal de Apelaciones de la SAF, integrado por Eduardo Taiano, Juan Pablo Más Vélez y Luis Miguel Incera, resolvió diferir «por dos años» la pena del descuento de unidades, aunque mantuvo la multa económica en el valor de «10.000 entradas generales». Esa determinación provocó, automáticamente, el enojo de otras entidades de la SAF. Así, el presidente de Talleres, Andrés Fassi, lanzó oportunamente sus dardos y dijo: «Es una vergüenza y una burla. Da lo mismo cumplir que no cumplir. La Superliga y los clubes no podemos aceptar esto», se quejó.
